• Aunque el régimen golpista de Añez utiliza la pandemia para consolidarse en el poder, las crecientes tensiones políticas, la presión por abajo y el desastre sanitario ponen en cuestión la estabilidad del gobierno.

Por Renzo Fabrizio

Han pasado ocho meses desde que el gobierno de Evo Morales fue derrocado por el Golpe de Estado militar-policial que llevó a Jeanine Añez, la oligarquía blanca y los sectores oscurantistas al poder en Bolivia. Pero la situación política está lejos de ser estabilizada.

Con la llegada de la crisis del Coronavirus, enseguida el gobierno de facto se apresuró en suspender el llamado a elecciones que estaba pautado para marzo y dictaminó una cuarentena estricta que redundó en una fuerte militarización y escalada represiva en el país. Así, con la excusa de la Pandemia, el supuesto “gobierno de transición” intentó profundizar su carácter antidemocrático haciendo de esa “etapa transicional” un Estado de Excepción hecho y derecho sin fecha aparente de finalización.

Pero aunque la pandemia fue aprovechada políticamente por los golpistas para cristalizar el giro reaccionario en el país, no todo es tan sencillo para el gobierno y los militares: a las cada vez más crecientes tensiones políticas y sociales por la avanzada represiva y el hundimiento de miles en la pobreza por la imposibilidad de trabajar, se suma la grave situación sanitaria que tiene al país al borde de un colapso hospitalario y humanitario.

Con la llegada de la Pandemia, además de llamar “al ayuno y a la oración para enfrentar al virus”¹, el gobierno decretó una cuarentena que ya lleva tres meses, mediante la cual, según Añez, han logrado “reforzar el sistema de salud”². Pero las cínicas declaraciones de Añez se chocan de lleno con la preocupante realidad. En primer lugar, dicho “refuerzo” resultó en un escándalo de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios que, además, no eran aptos para las unidades de terapia intensiva, o sea, que no servían. Así fue que el Ministro de Salud no sólo debió renunciar, sino que incluso fue detenido debido a la magnitud del escándalo.³

En segundo lugar, El país registró esta semana un nuevo récord diario tanto de contagios como de muertes por Covid-19⁴, mientras que la situación del sistema de Salud ya comienza a desbordarse: dos de los hospitales más importantes, El Tórax y el Holandés, de La Paz y El Alto respectivamente, directamente han tenido que cerrar sus puertas. Los contagios entre el personal de salud fueron tantos que no pudieron seguir atendiendo. También en ciudades importantes como Cochabamba y Santa Cruz los hospitales no dan abasto. En consecuencia, comienzan a verse las terribles imágenes de cadáveres en las calles: En los últimos días ya contabilizan 10 las personas que fallecieron en la vía pública, en su mayoría en los alrededores de algún centro de salud, esperando alguna oportunidad para ser atendidos. En este contexto, las declaraciones de Añez acerca de su “logro” de reforzar el sistema de salud no pueden ser más que un chiste de muy mal gusto.

Pero el desastre sanitario se combina, por un lado, con la compleja y también preocupante situación socioeconómica, y por el otro, con la crisis política abierta con el Golpe de noviembre del año pasado.

La informalidad económica en Bolivia es inmensa, y la mayoría de la población indígena y trabajadora vive de su trabajo en el día a día. Frente a esta situación, la única manera de sostener una cuarentena estricta es con fuertes medidas de asistencia hacia la población trabajadora, para no tener que elegir entre morirse de hambre o de Covid. Por supuesto, la dictadura de Añez se ha limitado a “garantizar” la cuarentena llenando de militares las calles, pero mientras tanto la situación social empeora y la pobreza aumenta. Miles de personas se han visto obligadas a salir a trabajar de todos modos, exponiéndose al contagio en un sistema de salud ya colapsado. El gobierno se limitó a ofrecer un “bono de asistencia” miserable al principio de la cuarentena (que representaba menos de un dólar por día), pero ya anunció que no se repetirá. A esto hay que sumarle que los empresarios aprovechan la pandemia para despedir y recortar salarios. Como reflejo de esta terrible situación que combina lo económico con lo sanitario está el hecho de que han aparecido testimonios de personas infectadas que venden su plasma sanguíneo a cambio de dinero o directamente de un empleo. Sólo las clases más acomodadas tienen acceso a un tratamiento de Plasma en Bolivia.⁵

Ante esta situación social durísima, la tensión por abajo se acumula, sobre todo en los barrios populares donde la combinación de crisis económica y crisis sanitaria se hace insostenible. Aquí es donde entran a jugar los distintos actores políticos y la mediación electoral.

Con el objetivo de descomprimir un poco la bronca, la burocracia de la COB y el sindicato de Mineros dieron un ultimátum a Añez la semana pasada: “o se convoca a elecciones o habrá convulsión social”⁶. De todas maneras, las amenazas de la COB no pasaron de meras palabras, como lo fue también el anuncio de un paro general el año pasado que nunca sucedió. El hecho es que el 30 de abril pasado fue aprobada en la Asamblea Legislativa (con mayoría del MAS) la ley de modificación del calendario electoral, que dispone el llamado a elecciones presidenciales para el próximo 6 de septiembre. Pero el gobierno de Añez se negaba a promulgar la ley, como no podía ser de otra manera, nuevamente con la excusa de la pandemia. El gobierno acusó a los legisladores del MAS de irresponsables, por querer “mandar a morir” a miles de bolivianos mandándolos a votar, pero mientras tanto el mismo gobierno no toma ninguna medida sanitaria ni económica mientras los muertos empiezan a acumularse en las calles.

Finalmente, la presión por abajo, aunque mediatizada por la burocracia sindical y las capitulaciones del MAS, obligó a Añez a retroceder políticamente y el domingo pasado anunció la promulgación de la ley: las elecciones serían el próximo 6 de septiembre⁷. Desde los sectores de la ultraderecha ligados a Camacho, uno de los protagonistas del golpe del año pasado, salieron a criticar a Añez por su “tibieza” al conceder el llamado a elecciones. Añez, por su parte, anunció la decisión en una insólita cadena nacional –acompañada de los altos mandos militares- donde denunció que promulgaba la ley no porque ella lo creía correcto, sino por “presión política del MAS”, haciendo a este partido “responsable por las consecuencias sanitarias de convocar a elecciones durante una Pandemia”. También aseguró que “nunca fue su intención perpetuarse en el poder”. Añez se había comprometido en un principio a que no sería candidata, aunque luego cambió de opinión. En las encuestas ocupa un cómodo tercer lugar.

Comenzaron entonces las acusaciones cruzadas: el Ministro de Gobierno Murillo acusó al MAS de organizar atentados “narcoterroristas” (por la quema de una antena 5G) y de organizar “un golpe de Estado a través de la Asamblea Legislativa”. Por su parte, Evo Morales respondió en sus redes sociales advirtiendo precisamente de lo contrario: “se está gestando un nuevo golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa”. Pero si esto es así, ¿por qué entonces depositar confianza en que los golpistas respetarán un todavía lejano calendario electoral?

Mientras los golpistas aprovechan y especulan políticamente con la pandemia, y el MAS intenta encauzar la bronca por la vía electoral, las masas campesinas, indígenas y trabajadoras de Bolivia viven una cada vez más difícil situación. El sistema de salud se encuentra colapsado, el gobierno dice que intentará volver a una cuarentena estricta, pero el hambre y el desempleo se acrecientan día a día. Pero lo que también se acrecienta es la bronca por abajo y las posibilidades de que todo vuelva a estallar.

Por lo tanto, aunque defendemos el elemental derecho democrático de que se realicen elecciones, advertimos que no se puede confiar en las instituciones que hoy son controladas por los golpistas, los mismos que no dudaron en pasar por encima de esas mismas instituciones cuando hicieron efectivo el golpe. Además, el desastre sanitario y la crisis social de la cual es responsable el régimen golpista de Añez no permite “esperar” a un calendario electoral difuso y lejano, cuando la curva de contagios y fallecidos por Coronavirus empieza a escalar peligrosamente. Que la pandemia no produzca un desastre humanitario y que se recupere la democracia en Bolivia requiere de lo mismo: echar del poder a los golpistas, oscurantistas y reaccionarios que lo tomaron por la fuerza, y para eso es necesaria la movilización de las amplias masas campesinas y trabajadoras y la huelga general.