Por Martin Camacho

La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la ley para convocar nuevas elecciones generales y excluir al expresidente exiliado en México de la próxima disputa electoral. La decisión fue respaldada por parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales que es mayoritario en la Cámara de Diputados y el Senado.

Después de casi 15 días que el primer presidente indígena, Evo Morales, renunció al gobierno y abandonó cobardemente el país sin contribuir a la organización de la resistencia contra el golpe, la crisis y la polarización política en Bolivia continúan. La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la ley para convocar nuevas elecciones generales y excluir al expresidente exiliado en México de la próxima disputa electoral. La decisión fue respaldada por parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales que es mayoritario en la Cámara de Diputados y el Senado.

Una serie de negociaciones fueron realizadas entre el MAS y el actual gobierno golpista, mientras que las fuerzas armadas disparaban contra la gente de El Alto que exigía el fin del gobierno golpista. Las protestas fueron severamente reprimidas por el ejército, dejando aproximadamente 32 muertos y varias personas gravemente heridas. Este escenario deja claro la traición del partido de Evo con el pueblo boliviano. El MAS prefirió reconocer y estar de acuerdo con el gobierno golpista de Jeanine Áñez, ignorando a la población enfurecida por la violencia y la ola racista que se ha apoderado del país en los últimos días.

La resistencia campesina, indígena, trabajadora y plebeya

Desde que Evo Morales dejó el país en un avión mexicano que lo buscó en el Chapare, zona cocalera y con fuerte apoyo del exmandatario, se organizó una resistencia en varios puntos del país, pero sin la coordinación que le podría dar la vuelta al golpe.

Igualmente, la población entró en una rebelión que colocó en evidencia al gobierno golpista, a qué venía; no sólo a un traspaso rápido y simple, llamando inmediatamente a elecciones, sino un proyecto nuevo de país, racista y xenófobo, reaccionario, sacando todo elemento del pasado e imponiendo un brutal giro a la derecha.

Es por eso que la rebelión se levanta valerosamente enfrentando al ejército. Las masacres no se hacen esperar cuando los elementos de seguridad se ven rebasados por una inmensidad de pobladores. Los casos de Sacaba en el Trópico de Cochabamba y en Senkata, en la periferia de El Alto, fueron los más numerosos en víctimas fatales, pero no los únicos.

Los cocaleros de las 6 Federaciones del Trópico del Chapare se dirigían a Cochabamba para hacer un cabildo en la plaza principal 14 de septiembre, pero se vieron con un contingente de policías y militares que cortaban el paso. El jueves 14 de noviembre la marcha ya se encontraba en el puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la avenida Villazón, en Sacaba. En este día se dieron enfrentamientos con la policía que no permitieron pasar a la marcha sin que haya heridos de parte de las fuerzas de seguridad, desmintiendo los dichos del gobierno de turno. Por otro lado, en La Paz se vivía también la represión por parte de la policía a la movilización que pedía la renuncia de Áñez.

El viernes 15/1 la marcha en la región de Cochabamba hace un nuevo intento de traspasar el contingente policial-militar y, por dos horas de enfrentamientos, al terminar la tarde es que se da la masacre al sentirse desbordados. El gobierno trató de ocultar con miles de mentiras. El saldo de estos enfrentamientos fue de 9 personas muertas y 115 heridos, muchos de éstos de bala y unos 200 arrestados. Entre las mentiras del gobierno, se dijo que los manifestantes estaban “armados” y que las muertes fueron causadas “por los propios marchistas”. Cosa poco creíble, pero en Bolivia esa noticia tuvo todo el apoyo de la prensa que la podríamos catalogar de golpista y seguramente financiada por organismos extranjeros.

En un momento los efectivos de las fuerzas armadas fueron rodeados, se encontraban encima de un puente y los manifestantes estaban por los dos extremos. Entre los militares había tanquetas blindadas, se utilizaron helicópteros y aviones caza, sumado a un fuerte contingente entre militares y policías armados; todo esto para no dejar llegar la marcha a La Paz. Rescatamos la valentía y poder de enfrentamiento porque después de un día trágico velando a los muertos, a la noche salió en marcha con los cuerpos por la ciudad. El clima era de rebeldía y no de derrota. Lo demuestra que al otro día volvieron intentar llegar al centro de la ciudad de Cochabamba, mientras que la represión continuaba. Hasta estos momentos, después de negociaciones con los movimientos sociales y ministros, se mantienen todavía los bloqueos a pesar de la actitud traidora del MAS.

Otra resistencia se vio en la ciudad de El Alto, que marchó varios días seguidos a la ciudad de gobierno, unos 8 kilómetros de distancia y con el grito de “ahora sí guerra civil” colocaba la rebelión contra el golpe en un plano diferenciado del resto de Latinoamérica; hizo frente a la ola derechista que se vive en La Paz repercutiendo en los sectores populares y fue emblema de las jornadas de noviembre. La resistencia al golpe pedía la salida de Áñez. Mientras que millares se apoderaban del centro paceño con wipalas en mano, símbolo de resistencia, después de ser quemada por militares golpistas en la Plaza Murillo.

Otra medida de fuerza fueron los bloqueos en las carreteras, la falta de alimentos, gasolina y gas se hacía sentir en la ciudad. Otro lugar de resistencia fue la planta de Senkata, distribuidora de hidrocarburos y gas, situada a las afueras de la ciudad de El Alto. Millares de vecinos y pobladores de regiones cercanas se sumaron el cerco que dejó por más de cinco días sin gasolina a La Paz. Similar como en el 2003, la planta fue punto de resistencia ante el golpismo, que terminó con la caída de González Sánchez de Losada.

Como en Cochabamba, el gobierno movilizó a las fuerzas armadas. Pero antes sacó el decreto 4078 de eximir de cualquier juicio por “resguardar el orden”. Con esta carta blanca las FFAA se disponían a cercar la planta y viabilizar la salida de cisternas hacia la ciudad de La Paz. Como se temía esto, fue a sangre y fuego, militares disparan sin piedad a la población desarmada. El martes 19 el operativo estaba organizado para sacar las cisternas a como sea para abastecer la ciudad y evitar que entre en colapso. Luego de la salida de los camiones se dan los enfrentamientos; por un lado piedras y palos y por el otro balas. Pero la resistencia continúa; como se ve al día siguiente, no salen camiones porque la población siguió movilizada. Se realizó un cabildo con millares de pobladores ratificando continuar con el bloqueo de caminos y de la planta de Senkata. El titular de Defensa del gobierno interino, Luis Fernando López, dijo el martes en rueda de prensa que a pesar de las bajas civiles “de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil”. El gobierno justifica de la forma más mentirosa las 9 muertes y más de 30 heridos en los hechos de Senkata.

Antes de la brutal masacre, la población marchó el jueves (21) a la ciudad de La Paz con la intención de demostrar que los muertos eran producto de la represión del Estado y no como informa la prensa golpista que se habían matado entre ellos mismos. Esta marcha salió de la zona de Senkata y llegó hasta el obelisco en la urbe paceña, cuando fue reprimida por agentes de la policía al querer traspasar con ataúdes el cerco policial. Se puede ver una actitud inhumana de las fuerzas del orden frente a los familiares de las víctimas, siendo tratados como terroristas. Todo esto al parecer no repercutió mucho en la bancada del MAS, cuando termina negociando con el golpismo uno u otro acuerdo que seguramente les darán poco y nada.

Por otro lado, la presidenta gobierna por decreto y da 4,8 millones de dólares para equipamiento militar a las FFAA. El gobierno se instala de la peor forma, con un sector de la sociedad que apoya estas acciones. Parece que el masismo en el parlamento tiene una visión distorsionada de lo que está aconteciendo en Bolivia…

Otra de las medidas que el gobierno golpista tomó rápidamente es volver a colocar un embajador en Estados Unidos, el gobierno asign a Wàalter Serrate como funcionario en el país del norte. Las relaciones a nivel de embajadas  habían sido rotas en el 2008. En este año también fueron expulsadas la DEA (Administración para el Control de Drogas) y USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo). Hoy día seguramente están trabajando nuevamente en el país como parte de una política internacional del gobierno de claro acercamiento al imperialismo yanqui.

La forja de un Bolsonaro boliviano

El lunes, 25 de noviembre, se terminó de conformar una “ley de garantías” o “ley de pacificación”, para frenar la persecución de dirigentes. Muchos de los funcionarios fueron perseguidos para que presenten la renuncia o hasta se llegó a amenazar a los familiares. La cuestión es que están negociando con un gobierno que ya tipificó a todo funcionario opositor de “terrorista”, desde Evo Morales hasta el último secretario. Parece que los únicos que no entendieron el carácter del gobierno son algunos parlamentarios del MAS. «Este acuerdo es para reencaminar y redireccionar no sólo el país sino también las estructuras orgánicas que tiene el pueblo boliviano, a través de la organización matriz que es la Central Obrera Boliviana», dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. La propia COB que no movió un dedo contra el golpe, pacta con el golpismo, la traición no tiene límites y los efectos de esto estarán por venir, un retroceso para todo el movimiento obrero nacional.

Pero no sólo la COB estuvo a cargo del pacto. También estuvieron dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). O sea, todo un pacto a espaldas de los movilizados donde el gobierno todavía no dio un centímetro de confianza a estas organizaciones que vendieron los muertos. «Tenemos que mirarnos como iguales. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que jamás vuelva a ocurrir que bolivianos se enfrenten a bolivianos», sostuvo el ministro de Gobierno Murillo, cuando hace menos de 24 horas dijo que todos eran terroristas. Es difícil de creer cómo un pacto con este ministro genocida pueda ser valedero…

Esta actitud es muy típica de los gobiernos burgueses que se asocian para establecer el “orden”, olvidando a los muertos y pasando por encima de todos los problemas planteados por las movilizaciones. Pero lo que se vive en Bolivia hoy día sale de la normalidad, pactando y dando reconocimiento al golpismo desde organizaciones obreras, indígenas y campesinas, se hace difícil superar. La quema de la wipala fue el detonante para que miles de indígenas y campesinos salieran a las calles a defender sus derechos. Pero los traicioneros líderes del Congreso y los sindicatos terminaron negociando la salida de nuevas elecciones en 120 días. Claramente, los logros democráticos obtenidos en 13 años con el gobierno del líder indígena están en peligro y pronto pueden ser derrotados por la derecha fascista.

Todo esto se dio para pacificar y llamar unas elecciones digitadas por el golpismo excluyendo a Evo Morales y García Linera, que fueron votados por el 47% de la población. Hoy están proscriptos de presentarse a nuevas elecciones. Por otro lado, el gobierno ya asignó a Salvador Romero como vocal del Tribunal Supremo Electoral, que tendrá como tarea organizar las nuevas elecciones que supuestamente serían para marzo y abril y si hay segundo turno con posesión en junio. O sea nada de elecciones rápidas, sino que planifican unas elecciones totalmente digitadas para colocar el candidato de la extrema derecha. Para esto los líderes cívicos que encabezaron las manifestaciones Luis Fernando Camacho (Santa Cruz) y Marco Pumari (Potosí) ya estarán en campaña. Muy parecido con lo que se vio en Brasil con Lula proscripto y un Bolsonaro haciéndose cargo de la derecha más reaccionaria. Por otro lado, está Carlos Mesa, que fue el que instigó por el fraude, pero cuando el golpe fue consumado dejó de aparecer en la vida política. Tal vez los nuevos actores más radicalizados le terminen sacando a Mesa la posición que tenía en las anteriores elecciones.

Para esto el gobierno utiliza todas sus influencias para posesionar a sus figuras, como lo anuncia el ministro de la presidencia Justiniano: “Creemos nosotros que él (Camacho) debe ser candidato. Todavía (lo estamos convenciendo) y él dice no. Todavía yo sigo diciendo que, a pesar de que no seamos un bloque, es necesario, él tiene que cumplir un papel histórico. Él ha asumido un liderazgo insurgente meteórico”, insistió. Es claro el trabajo que tiene el actual gobierno, posicionar una figura ultra reaccionaria para colocar a Bolivia en la senda del entreguismo y quitar todos los derechos democráticos que los explotados y oprimidos consiguieron en los años anteriores.

Pero todavía las elecciones no tienen fecha clara, son todas especulaciones. “No existe ninguna posibilidad técnica de organizar la elección antes del 20 de enero, el plazo de 120 días es sumamente breve, sumamente corto, pero el organismo electoral está comprometido a organizar el proceso electoral dentro del plazo” decía el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para esto se suma un problema que va a tener que ser resuelto a la brevedad, que es que el 22 de enero terminan los mandatos de las elecciones del 2014. Eso deja más incertidumbre, porque las autoridades quedarían sin poder de seguir gobernando. O sea: otra vez se verán las irregularidades de la Constitución. La autoproclamada presidenta evitó dar declaraciones porque sabe que está en el límite de la legalidad (en realidad, como sabemos, ya traspasó dicha legalidad mediante el golpe de Estado, pero eso no niega que se quiera dar un barniz de la misma). También la Asamblea Plurinacional estaría en la misma situación de inestabilidad.

Estas contradicciones muestran que el proceso sigue abierto a nuevas confrontaciones siendo que las masas no han sido aún derrotadas. Hay que ver cómo se asimilan las traiciones de las direcciones. Hoy día, se sabe que ciertos sectores sociales desconocen el acuerdo que realizo el MAS, colocando como prioridad la renuncia de la autoproclamada presidenta.

La tendencia a la rebelión sigue abierta

En su conjunto, salvando casos excepcionales, la prensa fue parte de la  planificaron del golpe, desde los medios de comunicación instigando antes y después de la renuncia de Evo Morales. Hoy día entrevistan a la juventud  perteneciente a los comités cívicos como si fueran héroes de una gesta patriótica, siempre invocando a dios y las fuerzas armadas. También haciendo eco de lo que el gobierno trasmite, catalogando a todo activista social de mafioso, narcotraficante o terrorista. Fueron cómplices también del acallamiento de muchos medios de comunicación y la expulsión de periodistas que transmitían desde La Paz, siendo cómplices del cercenamiento de la libertad de prensa. Uno de los últimos medios en ser expulsado fue Telesur, que tuvo su señal cortada hace unos días.

La población movilizada contra el golpe vio cómo los medios desinformaban o no estaban presentes en los lugares que acontecieron  las masacres. En la marcha del jueves 21, la consigna era “Prensa, vendida, deja de mentir” y “vayan a Senkata”. En estos días sólo se confiaba en la prensa internacional que era mucho más objetiva que la prensa nacional, que abiertamente está con el gobierno golpista.

A pesar de las traiciones del MAS, la rebelión popular no es tan fácil de apagar en Bolivia. Porque el gobierno golpista está lleno de contradicciones. Tendrán que enfrentarse con un pueblo que está en pie y que podría dar vuelta una derrota aún no cristalizada. Por ahora, los cocaleros del trópico dieron un cuarto intermedio en las movilizaciones. Pero no retiraron la exigencia de la renuncia de la presidenta Áñez.

Uno de los contrapesos es que Latinoamérica vive en una efervescencia de rebeliones populares que le darán un contenido de inestabilidad constante. Se viven rebeliones en Ecuador, Chile, Colombia y podrían venir otras formas de protestas, dando oxígeno a los que enfrentan el golpe hoy día. Está planteado abrirse paso por encima de las direcciones traidoras y construir una alternativa política que contemple a los explotados y oprimidos, los trabajadores, los indígenas, los campesinos y las mujeres.