Argentina: La marea verde logró que vuelva al Congreso el debate por el aborto legal

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  • Durante meses el gobierno pospuso el tratamiento de la ley de aborto con el argumento de que la pandemia requería toda la atención del sistema de salud.

Inés Zeta

Que la legalización del aborto traería el colapso del sistema sanitario, decían. Un argumento falaz, que ya había sido despejado allá por 2018, en los extensos debates del parlamento. Gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud demostraron que el aborto en la clandestinidad es responsable de la gran mayoría de los egresos hospitalarios por las complicaciones que provoca en la salud de mujeres, niñas y cuerpos gestantes. Por no hablar del costo más grande: el de vidas que se pierden por las consecuencias de abortos inseguros y la cantidad de niñas obligadas a ser madres. ¡Es la clandestinidad la que se cobra cientos de vidas por año! ¡Es la clandestinidad la que obliga a una maternidad no deseada y a la violencia sobre la vida de niñas y adolescentes! También había quedado claro que la legalización del aborto salva vidas, evita secuelas en la salud y evita internaciones por consecuencias de la práctica mal realizada.

La verdadera razón por la que finalmente Vilma Ibarra anunció esta semana que se abrirá el debate en el Congreso, al borde del cierre de las sesiones ordinarias, es que la marea verde había empezado a mostrar su impaciencia ante la incumplida promesa de que el aborto sería legal en 2020. Incluso dentro de la propia Campaña por el Aborto Legal empezó a sentirse el enojo por las innumerables veces que Alberto Fernández hacía declaraciones diciendo que su proyecto estaba listo, que sólo era cuestión de tener un poco más de paciencia.

El informe de Human Rights Watch, señalando que al calor de la crisis económica y social, volvió a ser el perejil el método más utilizado para la realización de abortos en la clandestinidad, contribuyó a esclarecer que la legalización del aborto es urgente.

El 28 de septiembre marcó un cambio. Aunque la dirección de la Campaña insistía en no movilizar, fuimos las organizaciones de izquierda (respetando los cuidados sanitarios) las que salimos a la calle. Las Rojas también realizamos una Ruta Feminista exigiendo Aborto Legal en la fecha que debía realizarse el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, visibilizando la importancia de retomar la lucha por el aborto legal.

Ya hacia finales de octubre empezaron a realizarse acciones desde distintas regionales de la Campaña, insistiendo en la necesidad de tomar las calles, de visibilizar que la marea verde no está dispuesta a seguir esperando, que el aborto tiene que ser ley. Y el martes 4 de noviembre una caravana federal, de la que participamos miles de personas en todo el país, mostró que la marea ya no está dispuesta a seguir esperando promesas vanas.

El gobierno venía perdiendo base de apoyo, incluso entre sus propios votantes, luego de la represión que aplicó en Guernica. La incipiente movilización de la marea verde terminó de empujar el anuncio de la apertura del debate en el Congreso.

Esa puerta que se abrió para la movilización, anunció un nuevo desarrollo, la movilización por el aborto legal sólo está en sus comienzos. Las semanas que siguen plantean la necesidad de que la marea se organice cada vez mejor, con más fuerza, sumando a lxs miles y miles que fueron parte de la marea en 2018. La Campaña tiene que seguir convocando acciones masivas, públicas, con llamados que permitan a la marea organizarse y salir.

Vamos por el proyecto de la Campaña

La presión que están ejerciendo los anti derechos es enorme. Todo el año avanzaron, porque las dilaciones del gobierno no hicieron más que fortalecer la posición de objetores de conciencia en provincias enteras, impidiendo que se realicen las ILE, obligando a niñas a continuar con embarazos producto de violaciones.

La derecha recalcitrante ya ha salido a mostrar su posición, con afiches peronistas y celestes contra la legalización del aborto. Incluso Sergio Massa, que finalmente recibió a una delegación de la dirección de la Campaña, también se reunió con representantes de las iglesias evangélicas el mismo día.

Vilma Ibarra anunció que se abrirá el debate a partir de la presentación del archifamoso y archisecreto proyecto de Alberto Fernández. Es muy probable que ese proyecto incluya una gran concesión a los antiderechos y a la Iglesia católica: la objeción de conciencia individual. Un mecanismo por el cual todos los médicos de un hospital pueden registrarse como objetores y así impedir que se respete el derecho a decidir. Como ya ocurre en Uruguay, donde la totalidad del personal médico de algunas provincias se declara objetor de conciencia. Las pobres, las que siempre son las víctimas de la ilegalidad del aborto, tampoco pueden viajar a otras provincias a realizarse abortos seguros en el sistema de salud. Junto con el proyecto de legalización, el gobierno anunció que enviará el proyecto de los 1000 días, otra concesión para que se metan los antiderechos, ofreciendo un miserable subsidio como chantaje para desistir de acceder al aborto.

Es por esto que la marea tiene que tomar las calles, el camino de la movilización y la lucha, para que efectivamente se abra el debate, para que se vote el proyecto de la Campaña, que es el que garantizaría el libre acceso al aborto, sin condiciones y sin objetores. El proyecto que ya consiguió la aprobación de la mayoría social en 2018.

Como bien dice la Red de profesionales por el derecho al aborto, la legalización es urgente porque nadie puede ser obligado a elegir entre su vida y su deseo. Si una primera muestra de la fuerza de la marea se vio el 4 de noviembre y logró que se concretara el anuncio de apertura del debate en el Congreso, organizar a la marea y salir a las calles es vital para que el aborto sea ley, para que el acceso al aborto sea garantizado, para que la Iglesia y los antiderechos no se puedan meter nunca más a impedir el derecho a decidir.

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