• La ocupación en Guernica es la primera expresión social contundente de la crisis económica que vive el país bajo este gobierno. Una crisis de recesión que se arrastra desde el gobierno de Macri y que ha pegado un salto en el marco de la pandemia con el resultado de un agravamiento de las condiciones de vida de las amplias masas.

Juan Cañumil

La larga continuidad de la pandemia

En el país vivimos aún la primera ola pandémica y el contagio se ha nacionalizado. A diferencia de algunas semanas atrás, provincias como Córdoba y Santa Fe han llegado a tener más de mil casos diarios, seguidas de cerca por Tucumán donde se alerta sobre la posibilidad de un desborde sanitario. Días atrás se advertía sobre la misma posibilidad en la ciudad de Rosario.

El rebote de casos en Europa a niveles semejantes a los del inicio de la pandemia ha llevado a Boris Johnson a alertar sobre un punto de inflexión peligroso por la aceleración del contagio en Gran Bretaña y al anuncio de nuevas medidas que de momento no implican la vuelta al confinamiento social.  Hacemos referencia a esto para poner el alerta sobre la posible continuidad de la pandemia por un largo plazo que podría extenderse durante gran parte del 2021, un hecho que desde luego genera incertidumbre y dificulta hacer previsiones.

Más allá de la complejidad que introduce la eventual continuidad de la pandemia, es un hecho aun cuando su irrupción puso un parate a diversas situaciones de rebelión que comenzaban a despuntar en distintos países del mundo (caso Líbano, Hong Kong, Chile, Ecuador, Colombia, etc.) las contradicciones que le dieron origen, no han hecho más que agravarse. E incluso, aún a pesar de la pandemia, en muchos países ha vuelto a irrumpir la lucha de clases de manera abierta, como lo volvió a demostrar recientemente el Líbano, como lo demostró la rebelión en Estados Unidos, o la reciente protesta en Bogotá con miles de jóvenes en las calles manifestándose contra la represión policial.

Una muestra de que, aun cuando el clima mundial tiene claros elementos reaccionarios, la situación de polarización da lugar a manifestaciones por derecha, pero también por izquierda.

Una crisis económica que alimenta la crisis social

El problema de fondo del gobierno continúa siendo la crisis económica que condiciona el funcionamiento del país por la escasez de dólares, moneda vital para las transacciones comerciales con el mundo. Un problema que pasó al centro de la coyuntura política la semana pasada con la medida de cobrar un anticipo del impuesto a las ganancias a la compra de dólares ahorro. Medida esta que no soluciona el problema de la penuria de divisas, pero que sí afecta a miles de trabajadores y trabajadoras que hacían uso de esa compra para cubrirse de la inflación cotidiana y de la devaluación del salario.

Otros índices de esta crisis son la caída del PBI del 19,1% en los meses de abril, mayo y junio respecto de los mismos meses del 2019. Una caída trimestral mayor a la registrada pos 2001, y que ha elevado la desocupación al 13%. Índices que hablan de la profundidad de la recesión, aunque la realidad del país dista de ser la de la crisis del 2001 (con desocupación de masas, los movimientos de piqueteros y los distintos “azos” en las provincias que antecedieron al Argentinazo, miles de personas ingresando diariamente a Capital Federal a cartonear y comer de la basura, y una crisis política y de régimen que llevó mediante la rebelión popular al renunciamiento histórico de De la Rúa). Recordemos que el último pronóstico del FMI respecto al PBI argentino es el de una caída del -9,9%. Baja, sin embargo, que no es mayor al pronóstico de caída mundial que hace el mismo organismo en el contexto de pandemia.

Guernica es por estas horas el mayor emergente de ese deterioro, con el valor de haber irrumpido en la escena política nacional y de colocar al gobierno social liberal de Alberto Fernández y al de Kicillof ante lo que podría ser la primera prueba de fuerzas por izquierda. Una prueba que, en el caso de fracasar las negociaciones en curso y tensarse al límite la situación, puede obligarlo a tener que decidir entre la defensa de la propiedad privada de unos pocos empresarios inmobiliarios mediante el uso de la represión,o ceder ante el reclamo al derecho a la vivienda de cerca de dos mil familias. Un desafío que no se había presentado de momento por izquierda, aunque sí por derecha como ocurrió semanas atrás con el motín policial.

La dinamización de la coyuntura política ha dado lugar a una serie de crisis que comienzan a poner mayores desafíos a la esencia de un gobierno de coalición del PJ cuyo punto de cohesión está encarnado en Alberto Fernández, un hombre del“centro-centro” del arco político. Un gobierno cuya sensibilidad política es más liberal que social como viene demostrando a lo largo de su mandato cediéndole siempre a derecha (caso Vicentin, concesión a la Bonaerense que rodeo la quinta de Olivos arma en mano, pago a los bonistas, “cepo” al dólar ahorro, apertura total de la economía en pandemia, etc.) pero que aun así se esfuerza por administrar las relaciones políticas y económicas sin terminar de romper los equilibrios o desafiar abiertamente la relación de fuerzas que existe hacia la izquierda, y cuya última gran expresión fue la movilización de diciembre del 2017 que jaqueó a Macri.

Esta orientación “centrista” empieza a ponerse en cuestión a medida que la crisis económica se profundiza, cuestión que tiende a obligar al gobierno a tomar definiciones. Alberto Fernández ha optado invariablemente por congraciarse con la burguesía y recuperar su simpatía(simpatía que quedo resentida bajo el gobierno de Cristina Kirchner que ejercía mayor arbitraje, más allá de que como repitió ella misma hasta el cansancio, pocas veces los burgueses ganaron tanto como bajo su mandato). Ese es el objetivo principal de este gobierno. Pero como hemos dicho en varias oportunidades, el gobierno de Fernández no es el de Macri, quien en su momento no dudó en ir al enfrentamiento contra los trabajadores (como se evidencio en las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017). Alberto Fernández, hasta el momento, ha tratado de no chocar de frente con los trabajadores y los sectores populares que se sacaron de encima al gobierno anterior con la esperanza de revertir los años de deterioro económico y social.

Guernica: un desafío por izquierda al gobierno 

El 20 de julio se inició la ocupación de terrenos en desuso en el barrio Numancia de la localidad de Guernica (partido de Presidente Perón) que se extendió por cuatro días, hasta que la seguridad privada de una country lindero impidió a los tiros que las familias que llegaban siguieran asentándose en el lugar. Simultáneamente apareció la orden del juez Miguel Rizzo que ordenó evitar más asentamientos y prohibió el ingreso de materiales de construcción en la zona.

En la ocupación, lo primero que se destaca es su composición generacional. Allí el predominante componente joven habla de la realidad de una generación que se ve obligada a vivir hacinada y sin posibilidad de acceder a un terreno o una vivienda, o imposibilitada de continuar pagando alquileres por la sangría de despidos de miles de trabajadores informales en los meses de pandemia.

Junto con esto, a pesar de la participación de distintas organizaciones sociales (algunas pertenecientes a la coalición de gobierno como el Movimiento Evita, y otras independientes como el FOL, el FPDS CN, entre otras) en la toma, aparentemente, ha primado cierta espontaneidad probablemente fruto de la necesidad imperiosa. Este elemento podría ser muestra de algún elemento de desborde de algunos de los diques de contención como ser los punteros de los intendentes o las organizaciones sociales ligadas al gobierno y la Iglesia que cumplen el rol de la “burocracia sindical” conteniendo el reclamo y el malestar en los barrios.

Más allá de esto, es un hecho que la acción misma de la ocupación pone en cuestión por la vía de los hechos el sacrosanto derecho a la propiedad privada capitalista (de la que sólo goza una minoría) y la enfrenta a un derecho que debería ser esencial de toda persona, el derecho a la vivienda.

Ante este evento de masas que reclaman algo tan básico como tener un lugar donde vivir, Alberto Fernández hizo su gracia, típica a esta altura de su impronta: en un primer momento se refirió a Guernica como la expresión de la crisis de vivienda, para revertir completamente su postura hacia la defensa de la propiedad privada y el señalamiento de la ilegalidad de la acción.Señalamiento que, digamos de paso, no se le escuchó cuando la Bonaerense rodeó la quinta de Olivos con armas en la cintura para imponer su planteo reaccionario.

Finalmente, la medida de desalojo fue postergada para el 1, 2 o 5 de octubre, una decisión que da cuenta que una eventual represión a la ocupación podría conllevar un alto costo político. Mientras tanto el gobierno busca ganar tiempo para llevar adelante cierta negociación a cargo de Larroque (ministro de Desarrollo Social de la provincia) que de momento no tiene consistencia: al parecer se ofrecen promesas de relocalización, promesas de subsidios para alquileres, y más promesas a cambio de algo bien concreto: que se desocupe inmediatamente el predio.

Sin perder de vista que estamos ante un conflicto abierto y que en definitiva las relaciones de fuerza siempre se deben probar en la realidad, podríamos decir que se expresan tres salidas al problema habitacional planteado por los vecinos de Guernica. La salida del ala más abiertamente reaccionaria de la coalición de gobierno expresada por Massa, Berni, e intendentes (a los que se suma la justicia) que se resume en el pedido de  desalojo inmediato en defensa de la propiedad privada. Una medida que tiene como objetivo, además del desalojo en sí,asentar un “caso testigo” para evitar que se produzca un efecto imitación ante un problema que es de masas en Argentina. Otra opción es la de una salida mediada (cuya expresión esta encarnada en Fernández, Kicillof y Larroque). Un desalojo acordado que reafirme el carácter incuestionable de la propiedad privada sin hacer mayores concesiones y evitando a la vez una represión a gran escala que podría caer pésimo ante amplios sectores sociales. Esta salida busca evitar también chispazos los sectores más “progresistas” de la coalición oficialista. Por último, el triunfo de los vecinos que intentan resolver la falta de vivienda por la vía de los hechos, y que tienen el enorme valor entre otras cosas de introducir un contrapeso por izquierda en la coyuntura. La firme decisión de los vecinos de Guernica a luchar por defender su derecho a la vivienda y resistir al desalojo puede poner al gobierno ante un aprieto y forzarlo a retroceder y reconocer tan elemental derecho.

Desde luego que un gobierno burgués reformista podría optar por la expropiación de los terrenos para satisfacer el derecho a la vivienda. O incluso, de manera pérfida, expropiar a la vez que indemnizar a los dueños de los terrenos. Esperar que Kicillof o Alberto Fernández opten voluntariamente por cualquiera de estas salidas sería como esperar peras de un olmo. Solo la firme decisión de luchar por parte de los vecinos de Guernica puede obligarlos a tomar este camino.

Guernica podría ser en el caso de fracasar el intento negociador, la primera prueba de fuerzas por izquierda para Fernández.

Todo el apoyo a la recuperación de tierras

La polarización se ha iniciado en Argentina con cuestionamientos por derecha al gobierno, los múltiples banderazos y la asonada policial son ejemplos de esto. Pero junto con esto,ha habido elementos de cuestionamiento por izquierda al gobierno, fundamentalmente con las movilizaciones por justicia para Facundo Castro y en la actualidad con la recuperación de terrenos para vivienda como el caso de Guernica.

Si en medio de tanta crisis económica y social no hay mayores expresiones de descontento de parte de los trabajadores y sectores populares es fundamentalmente por la contención a que llevan adelante las organizaciones sociales ligadas al oficialismo y la incalificable traición de las centrales sindicales que han avalado la vuelta a la producción y el trabajo a costa no sólo de la salud de los trabajadores sino también de las condiciones laborales y salariales.

Es por esto que debemos impulsar cada cuestionamiento que surja desde los de abajo, para disputar la coyuntura por la izquierda como lo hicimos en su momento con el caso de Facundo, y ahora con la defensa incondicional de uso de la tierra para viviendas en Guernica. Muchos trabajadores se encuentran ampliamente influidos por los prejuicios difundidos por los medios masivos de comunicación, el gobierno nacional y Cambiemos, de que la propiedad privada está por encima de todo y de que la forma legítima de hacerse de una vivienda es por la vía del trabajo. Pero todo trabajador sabe que, aún con trabajo, es prácticamente imposible acceder a un terreno o una vivienda. Así como también es sabido que las patronales han privado de ingresos a miles de trabajadores por la vía de los despidos.

Aun cuando la ideología burguesa que inocula prejuicios al interior de la propia clase trabajadora explotando, entre otras, las diferencias entre ocupados y desocupados, existe en el país un amplio repudio a la represión hacia los sectores populares. Es por esto que tenemos la doble tarea de clarificar que la discusión de fondo es el derecho a la vivienda por sobre la propiedad privada de los ricos, a la vez que debemos hacer sentir el rechazo a cualquier tipo de desalojo.

Debemos continuar desarrollando lazos de solidaridad con los vecinos de Guernica como hicimos desde nuestro partido haciéndonos presentes en el barrio para apoyarlos y ponernos a disposición de lo que necesiten, así como también fuimos parte de la conferencia de prensa el miércoles 23 en el obelisco junto con Manuela Castañeira.

Desarrollemos una gran campaña de denuncia contra el desalojo, contra el intento del Fernández de privilegiar el derecho a la propiedad privada capitalista por encima del derecho a la vivienda de miles y miles de trabajadores, y por la más amplia solidaridad para que los terrenos en desuso pasen a manos de los que necesitan viviendas.


 

Guernica: cinco historias para entender por qué se toma

Nota publicada originalmente en Revista Cítrica.

Agustín Colombo

Fotos: Juan Pablo Barrientos

Todas las mañanas, cuando se despierta adentro de su carpa de nylon, Luis Alberto Avalos agarra el teléfono y les manda un audio a su pareja, a su hijo de dos años y a su mamá, que están en Paraguay. Casi siempre es el mismo mensaje: les pregunta cómo durmieron y si están bien.

Luis Alberto tiene 40 años y nació en Lomas de Zamora, pero como sus padres son paraguayos, siempre estuvo yendo y viniendo al país vecino. El 27 de febrero llegó para comenzar un trabajo en la construcción, pero a las pocas semanas la cuarentena le arruinó todos sus planes: el empleo se cortó y su familia quedó del otro lado de la frontera.

Dos meses después ya no tenía dinero y no pudo seguir pagando el alquiler.

La historia de Luis Alberto, como define él mismo, “es una historia muy triste”, al igual que casi todas las que se encuentran aquí en Guernica, en la última línea del conurbano sur, una zona donde se dibuja el cada vez más estrecho límite entre el campo, las barriadas y el boom de countries.

Luis Alberto tenía un terreno y una casita en González Catán, pero cuando su padre se enfermó debió venderla para costear los viajes a Paraguay y los gastos de internación y medicamentos. Su papá finalmente falleció. Y ahora debe cuidar a su mamá, que quedó sola en el interior paraguayo.

—Con ella aprendí a tomar maté —dice Luis Alberto—. Aprendí a hacerle compañía. Y aprendimos a llorar juntos.

En Paraguay conoció a su mujer y tuvieron un hijo. Sin embargo, siempre vuelve a Buenos Aires porque el trabajo se paga mejor: un oficial albañil, ejemplifica, gana allá mil pesos argentinos por jornada. Acá, un ayudante gana casi el doble.

 

Luis Alberto Avalos, 40 años. Albañil, carpintero y pintor. Tiene a su familia en Paraguay y no pudo seguir alquilando.

 

Luis Alberto no puede quedarse quieto. Limpia su terreno, el de al lado, les arma las carpas a varios vecinos con lo que tiene a mano. Cuenta que nadie puede entrar materiales: que la Policía no lo permite. Después de dos noches inundado, Luis Alberto diseñó un sistema de zanjas para que el agua no llegue a las carpas.

En Luis Alberto caben todas las contradicciones de un sistema que no siempre premia al que labura:
Es albañil y construye casas, pero está viviendo en una carpa improvisada.
Es carpintero, pero las maderas con las que hace magia son ramas y cajones de verduras.
Es colocador de cerámicas, pero duerme sobre un piso de tierra.

—Mi familia me da su aliento desde allá para que aguante. Es muy difícil estar acá— dice. Asegura que puede aguantar. Pero que para eso, necesita un lugar desde donde empezar.

 

* * * * *

 

La de Lidia Falcón es una historia atravesada por múltiples violencias. Ella y sus cuatro hijos huyeron de la casa donde vivían en El Roble, un barrio de Guernica, porque una familia las amenazaba de muerte. Lidia había denunciado a un vecino por abusar sexualmente de su hija Daiana, de 15 años. Daiana debió contar esa situación en Cámara Gesell, en el marco de una causa que investiga la Unidad Fiscal Número 1 de La Plata.

La familia del abusador, como represalia por esa denuncia y el expediente judicial, intimidaba a Lidia de manera recurrente. Hasta que un día, la amenaza se convirtió en acción: ingresó a su casa con un cuchillo e intentó lastimarla.

—Dejé lo poco que tenía y me vine acá para vivir tranquila con mi familia. Para empezar de cero —cuenta.

Lidia también se escapó de su pareja, el padre de sus hijos e hijas, que es alcohólico. “Nos maltrataba y nos pegaba, está todo el día borracho”.

Además de Daiana, Lidia es la mamá de Miguel (17 años), de Simón (ocho) y de Luján, de seis meses. Tenía otro hijo que hace dos años murió de meningitis.

Lidia recibe las asignaciones por sus hijos, y 8.500 pesos por integrar una cooperativa que realiza tareas de barrido y limpieza en el municipio. “¿Quién puede pagar un alquiler?”, se pregunta. Ella seguro que no. A veces, de hecho, ni siquiera puede comprar comida. Son las cuatro de la tarde y en la casa improvisada de chapas y lonas, con dos camas hechas de pallets y frazadas donde duermen los cinco, solo hay un poco de dulce de batata que le acercaron unas vecinas. “Hoy comimos ese dulce”, señala.

No le dice tomar ni ocupar ni usurpar. Lidia habla de “ganar” la tierra. Que eso es lo que quiere ella y toda la gente que está ahí. Ganar. Después de tantas pérdidas y derrotas, ganar. Una vez en su vida: ganar.

—Para muchos somos delincuentes. Es la primera vez en mi vida que hago esto. Capaz está mal, no lo sé. Pero estoy acá porque solo quiero un pedazo de tierra para mí y mis hijos.

 

Lidia Falcón. 40 años. Tiene dos hijas y dos hijos. Huye de un círculo de violencia y abusos.

 

 

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César Losa está parado en uno de los últimos terrenos de la toma de Guernica. Detrás de él solo hay campo y eucaliptus. Delante, un arroyo contaminado y una carpa con un colchón viejo, frazadas, una bicicleta, una conservadora, dos bolsas con panes duros, un litro de aceite, una botella de lavandina y un tarro de alcohol en gel.

César tiene 52 años y siempre trabajó como peón rural. Es uno de los miles de trabajadores golondrinas que tiene la Argentina: a quienes contratan para una cosecha o para una tarea puntual que puede durar semanas o meses. También trabajó en la construcción.

Cuando era pibe, cazaba con la gomera en estos campos donde ahora más de dos mil familias se instalaron para intentar construirse su casa. César conoce bien la zona: hace 40 años que vive en Guernica. Por eso sabe que hay varias hectáreas que no tienen dueño. En aquel tiempo de caza y juegos, había un hombre que los dejaba correr por aquí a cambio de que no le desarmaran el alambrado. Ese hombre siempre les decía que ese campo lo había alambrado para tener a sus animales, pero que él no era el dueño. El dueño se había muerto.

Cuarenta años después, sin gomera y con boina de campo, Cesar volvió a ese campo con la intención de quedarse. Duerme en una carpa, y ya cortó y clavó unos troncos para armar una matera: un refugio para hacer un fuego y calentar el mate.

 

César Losa. 52 años. Vive en la zona desde chico. Dejó de hacer changas y no puede sostener un alquiler.

 

César llegó a la toma porque no tenía dónde vivir. En octubre regresó de su último trabajo en el campo y no lo volvieron a llamar. A los pocos meses tuvo que dejar la casa donde alquilaba porque no podía pagar el alquiler. Un amigo le prestó una casita que tenía en venta. Ahí, para conseguir unos pesos, César se había puesto a vender choripanes. Pero la pandemia también le anuló esa posibilidad.

Cuando el amigo pudo vender la casita, César quedó atrapado. Por eso está acá.

—Quiero que se quede la gente. Porque es gente que de verdad lo necesita. Para nosotros esto es una oportunidad —dice. También dice que la gente es tranquila, que hubo alguna que otra pelea, es cierto, pero que todos tratan de ayudarse. Por eso se indignó cuando uno de los dueños de los campos linderos salió a decir en un canal de televisión -TN- que todos los días escuchaba tiros. Lo vio mientras preparaba milanesas en una carnicería de Glew, la única changa que le sale: dos horas y media por día.

—Los tiros son los que tira él para intimidarnos —asegura.

César estuvo obligado a dormir los primeros días con los ojos abiertos y con la única mantita que tenía. Con el correr de las semanas mejoró un poco esas condiciones.

—Y si te sacan de acá, ¿qué hacés?
—Me quedo en la calle —responde César—. Tendré que buscar algún lado donde dormir. Sin trabajo, se hace difícil.

 

La mano de César, trabajador golondrina y peón rural.

 

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Luis y Estela se vinieron hace diez años desde Santiago del Estero. Allá, en el límite con Chaco, tenían su rancho de adobe y algunos animales, pero casi no había trabajo. La hermana de Estela les dijo que en Buenos Aires la situación podía mejorar: que sus seis hijos iban a tener dónde estudiar y que siempre surgía algún laburo para hacer. La invitación los convenció.

Luis tiene una discapacidad en su pierna izquierda, es chapista de automóviles y se la rebuscaba con trabajos eventuales en talleres mecánicos. Estela lavaba ropa. Los dos, además, vendían pan casero y tortillas entre Longchamps y Guernica.

Pero la pandemia cortó todo.

En estos seis meses, Luis solo hizo dos changas en un taller. Estela dejó de lavar ropa. Y hornear pan casero, al casi no haber circulación de personas, dejó de tener sentido.

 

Luis (50) vino con su familia desde Santiago del Estero hace una década. Tiene una discapacidad. Nunca pudo alquilarse una casa ni comprarse un terreno.

 

El problema viene desde antes de la pandemia y la cuarentena. En toda esta década, Luis y Estela no pudieron comprar ni conseguir un terreno. Siempre vivieron amontonados y “de prestado”, con sus hijos y sus nietos en la casa de otros familiares.

Por eso hace dos meses decidieron venir acá: porque soñaban con tener un terrenito propio. Luis camina con su bastón, toca el pasto y lo explica: “Nos sentimos bien acá porque tomamos aire puro. Me gusta plantar, hacer huerta. Ponés una semilla y tenés choclo, zapallo, sandía. Hay mucha vida en esta tierra”. A unos metros, uno de sus hijos, Ricardo, de 13 años, corta con un machete los yuyos.

Poquito a poco, Estela y Luis dicen que podrían ir comprando materiales para ir edificando. “Queremos algo lindo, no queremos hacer una villa”. Tampoco quieren que se lo regalen: “Estamos dispuestos a pagarlo con una cuota accesible. Uno siempre tiene la esperanza de que va a quedar para uno y para los hijos el día de mañana”.

 

Además de cuidar de sus hijos y nietos, Estela (46) lavaba ropa y vendía pan casero junto a Luis. La pandemia le cortó esa manera de juntar algo de dinero.

 

 

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Rosa Reartes duerme hace dos meses en una carpita hecha de nylon del tamaño de una cama de una plaza. Apenas entra ella, pero también duermen sus tres hijas. La cuarta vive con su madre lejos, en Rafael Calzada.

Hasta antes de la pandemia, Rosa barría plazas. Era parte de un plan estatal articulado con diferentes municipios. Por esa tarea, Rosa cobraba 8500 pesos. Con eso y las asignaciones por sus hijas sostenía el alquiler de una casita cerca de la ruta, en Guernica.

—Tenía que comprar la comida, pagar las facturas. Y no me alcanzaba —describe.

 

Rosita. 43 años. Barre plazas y recibe las asignaciones por sus hijos. Antes vendía comida y juntaba para el alquiler. Hace dos años que dejó de hacerlo.

 

Rosa cuenta que nunca tuvo plata, pero que antes le iba mejor: que vendía comida y muchos vecinos le compraban, y que con eso podía estar algo más holgada. Pero que hace tres años tuvo que dejar de hacerlo: “La carne se fue por las nubes, el gas y la luz también. Y la gente no podía pagar tanto”. Rosa tuvo que aumentar, la gente le empezó a comprar menos y la mercadería se le echaba a perder.

Para Rosa sería un paso enorme y soñado tener un terreno propio y dejar de alquilar. “Todos hablan de las muertes por el coronavirus, pero mucha gente muere de pobreza”, compara. Esas muertes no tienen el conteo día a día ni en canales de televisión ni en los portales más leídos. Son muertes silenciadas.

Por eso Rosa pide que les den una oportunidad: que les den un lugar para pagar con los años y no depender más de un alquiler. Eso lo que le pidan sus hijas, cuenta Rosa, y es lo que quiere ella.

 

Ricardo, uno de los hijos de Luis y Estela, ayudando en el armado de la carpa. Tiene 13 años.

 

 

El arroyo que cruza uno de los barrios de la toma de Guernica.

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