• La cuarentena no tiene por qué implicar empobrecer a los trabajadores, pero para eso hay que animarse a tocar las ganancias capitalistas.

Por Facundo Oque

En una reciente entrevista, Alberto Fernández, declaró: «Prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina por coronavirus.» A continuación, el mandatario agregó: «Los que plantean el dilema entre la economía y la salud, están diciendo algo falso. Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también»

La dicotomía entre economía vs pandemia es un debate que está saltando a la palestra nacional e internacional, desde que se empezaron a generalizar las cuarentenas obligatorias en varios países. Gobiernos negacionistas como el de Trump o Boris Jhonson tuvieron que retroceder después de bravuconear subestimando al coronavirus cuando la cosa se empezó a poner fea. En Argentina, presionados por la situación y ante la desastrosa debilidad del sistema de salud, impulsaron la cuarentena tempranamente y eso por ahora mantuvo a raya la escalada de los brotes.

El gobierno de Alberto está tensado por dos presiones que lo vienen condicionando en su gestión. Por un lado, la exigencia de una liberalización económica, la presión de los sectores concentrados del empresariado argentino, los millonarios cuya única preocupación es su ganancia a costa de la salud y la vida de los trabajadores. Ellos desearían que se levante la cuarentena o, en su defecto, que se les dé carta blanca para despedir y ajustar en el marco de la cuarentena obligatoria.

La burguesía más concentrada, acompañada por sus ideólogos más descarados y los grandes medios de comunicación, pretende engañar al pueblo planteando que, si la contención de la pandemia implica detener la economía, «es peor el remedio que la enfermedad». Que si a ellos les va mal a todo el mundo le va mal, la falsa idea liberal del «derrame» económico a la inversa. Bajo esta premisa exigen que se flexibilice la cuarentena y que se les permita explotar a mansalva a sus trabajadores.

Pero Alberto tiene otra presión, la de los sectores populares que sufren económicamente la cuarentena, los ajustes empresarios, las rebajas salariales, la imposibilidad de hacer «changas» para comer, etc…

A estos sectores, el gobierno les pide «paciencia» y «comprensión», les dice cínicamente que es mejor (o menos peor) empobrecerse que morirse, como si no fueran los pobres los primeros que mueren, los más expuestos a la enfermedad y los que tienen más dificultades para acceder a atención médica y condiciones de higiene y salubridad.

Alberto se hace el que se «planta» frente a los empresarios privilegiando la salud del pueblo antes que la economía, criticando a los «miserables» que «inflan» los precios con la especulación o a los que despiden en el marco de la pandemia. Pero de las palabras a los hechos hay un lagro trecho. El gobierno no pone en acción ningún plan consecuente para castigar a los que descargan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Su orientación política es social-liberal con progresismo cosmético hacia los sectores populares con medidas como el decreto anti despidos que «llama a la reflexión» a los empresarios, pero no se obliga su cumplimiento con sanciones estatales a la altura de las circunstancias.

Alberto, en la misma entrevista, afirma: «Tengo que preservar que los que puedan producir y exportar, que produzcan y exporten porque me hacen falta las divisas, para comprar respiradores me hacen falta las divisas». Como si las únicas medidas económicas plausibles de tomar, serían las de ayuda estatal hacia los capitalistas.

La preocupación del gobierno es la posibilidad de un estallido popular en el marco de un desmadre de la enfermedad en nuestro país. Para eso necesita mantener la legitimidad ante los sectores populares, al tiempo de contener mínimamente  la voracidad de los grupos concentrados de la burguesía, «amortiguando» el choque de intereses de clase, diciendo que «está haciendo todo lo que puede» pero bajando línea de que es inevitable un empeoramiento de las condiciones económicas de las masas, que es un «mal necesario» de la coyuntura.

Los recursos para evitar un empobrecimiento generalizado del pueblo argentino están. Las grandes empresas tienen stock sin vender y el país sigue produciendo alimentos e insumos básicos para satisfacer las necesidades básicas de absolutamente todos sin excepción. La crisis pasa por el mecanismo de funcionamiento de la economía capitalista: por más riqueza acumuladas que haya; si no los capitalistas no siguen ganando más y más, la base misma de la economía pierde sentido y los capitalistas reparten democráticamente la miseria para perder lo menos posible luego de años de no repartir la riqueza.

Para paliar la situación sin tocar ni la propiedad ni las ganancias empresarias, el gobierno recurrió a una medida que no puede no ser explosiva: la emisión masiva. Lo que no sale de las riquezas realmente existente se está emitiendo como riqueza ficticia, pues si hay más circulante sin un correspondiente aumento de la producción y el intercambio, el dinero simplemente pierde poder de compra, disparando la inflación. Los perros falderos de los empresarios autotitulados «liberales» se apoyan en esta realidad para criticar al gobierno pero nos quieren presentar un mundo en el que los que no producen nada y se llenan los bolsillos son los únicos salvadores posibles frente a la catástrofe. Entonces, la única salida sería… bajarles los impuestos a los pobres empresarios «productores de riqueza» mientras se hunde en la miseria a la amplia mayoría.

Otro camino es posible. Incluso gobiernos que nadie podría tildar de «socialistas» se han visto obligados a estatizar la salud, reconvertir la industria e incluso discutir la puesta en marcha de un salario básico universal para todos los trabajadores desocupados e informales. Ninguno de ellos ha sido consecuente en estas medidas, pero es evidente que esta situación impone salidas anticapitalistas por sí misma, aunque los gobiernos no quieran tomarlas.

En el marco de una crisis sanitaria y humanitaria inédita, poner la salud por encima de la economía tiene que significar afectar la ganancia capitalista para cuidar a la población trabajadora. Un camino que un gobierno capitalista como el de Fernández no está dispuesto a transitar.