• Se pone en la categoría de delincuentes a quienes se encuentran ante necesidades acuciantes y derechos avasallados. Miles de personas están a merced de un estado que pone a la propiedad privada como derecho sagrado ante cualquier otro, que se garantiza por las leyes y sus ejecutores como las fuerzas represivas.

Luz Licht

Las tomas de terrenos en distintos puntos del país han generado en las últimas horas una expresión clara y unánime de distintos sectores del gobierno y la oposición de derecha al considerarlas como actos delictivos. Con esta posición, el desalojo y expulsión de miles de personas deja en segundo plano y, para el lamento sólo en el discurso, el problema de la crisis habitacional que se agudizó con la pandemia producto de la profundización del deterioro económico y social en que vivimos.

En las últimas horas el problema de las tomas y ocupaciones de terrenos ha suscitado el posicionamiento rotundo que condena dichas acciones por parte de distintos miembros del gobierno nacional que se suma a las voces recalcitrantes de la oposición de derecha. Para el gobierno la cuestión social (como siempre bajo el capitalismo) pasa a ser una problemática de la orbita del derecho penal, es decir, se criminaliza las acciones de los sectores sociales más golpeados por la pobreza y falta de vivienda.

Esta situación incluyó el cambio de posición de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien días atrás con relación al conflicto en Villa Mascardi sostuvo que se trataba de un problema de déficit habitacional y no de un problema de seguridad. Así, la ministra consideró que si la justicia dispone la custodia o desalojo de los predios ocupados estarán a disposición de la tarea las fuerzas de “seguridad” que comanda. Si tomar tierras “no es la forma de solucionar el problema” de parte del gobierno no asoma otra solución que la posibilidad de represión.

Siquiera el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, quien daba cuenta de la necesidad de un proyecto de urbanización dado que existen al menos “4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados que no tienen ni agua ni servicios básicos” ofrece una salida por fuera de la criminalización.

El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilof, se encuentra en sintonía absoluta con su ministro de Seguridad, Sergio Berni, a quien además ofreció un fuerte respaldo luego de ser uno de los más violentos en su condena a las tomas. El gobernador consideró que el ministro de Seguridad bonaerense “viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”.

La condena fue en el marco de la salida de una reunión con los intendentes de los distritos donde hay ocupaciones como Avellaneda, Florencio Varela, Berisso, La Matanza, San Fernando, Quilmes, Presidente Perón y Malvinas Argentinas. Los intendentes de estos partidos también consideran la necesidad de frenar inmediatamente las tomas y exigen la intervención de las fuerzas represivas para desalojar los predios ocupados por miles de familias.

Existe una suerte de intento de disculpa que sigue a la clara posición de criminalización de las miles de personas que por situaciones ligadas, entre otras, a la perdida de sus fuentes de ingreso -muchas en el marco de actividades informales- hoy no pueden tener acceso a una vivienda digna o afrontar un alquiler. El propio presidente daba cuenta de que “existe un problema habitacional” y considera esto como algo que “hay que resolver”.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, decía “es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la AUH o el IFE, porque sino es un ‘hago lo que quiero’”. Y no paso mucho tiempo para que el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, presente un proyecto para hacer efectivo como castigo esa amenaza.

Solo en la toma de un predio de Guernica, en Presidente Perón, hay unas 2.500 familias en la actualidad.  Pero en todos los predios la situación se repite, familias con niñas/os pequeños con carpas o chapa, tela, cartón que se improvisan para cubrirse de la intemperie, el frio y la lluvia de los últimos días. Nidia Baez, militante de Barrios de Pie, contaba a Página 12 que allí en Guernica:

“La mayoría son parejas jóvenes que estaban viviendo en la casa de los padres, o familias que pagaban alquiler y de un día para el otro no pudieron hacerlo más”, en otro fragmento de su testimonio aseguraba que “se nota que realmente hay una necesidad enorme y que la están reamando como pueden. (…) Algunos están viendo de pagar con la asignación social algunos de los materiales”.

Pero se agita la necesidad de los grandes propietarios de tierras que si no están ociosas se destinaran a negocios inmobiliarios altamente rentables como la construcción de barrios privados y countries. Hablamos de gente que tiene mucho dinero y necesita una segunda o tercer vivienda, lavar dinero y llenar los bolsillos de otros pobres empresarios inmobiliarios tienen prioridad, como se grafica en la siguiente frase:

“La necesidad de algunos no puede generar el caos de todos”, decía Jorge Macri, intendente de Vicente López, mientras exigía que el gobierno provincial intervenga raudamente en los desalojos.

Las tomas de tierras no son novedad entre sectores de la población que, en medio de la pandemia y los avatares de una economía se empobrecen día a día. Se pone en la categoría de delincuentes a quienes se encuentran ante necesidades acuciantes y derechos avasallados. Miles de personas están a merced de un estado que pone a la propiedad privada como derecho sagrado ante cualquier otro, que se garantiza por las leyes y sus ejecutores como las fuerzas represivas.

Antaño los miembros de lo que conocemos como la oligarquía terrateniente, ese puñado de familias de “gente bien” como los Roca, los Martínez de Hoz, etc, se organizaron para apropiarse -genocidio de los pueblos originarios mediante- de miles y miles de hectáreas para sentar las bases del modelo agroexportador. Ese tipo de apropiación y usurpación era hecho con el aval y recursos del Estado que pasaron a la historia con criminales acciones como “La campaña del desierto” que sentó las bases de los privilegios y riqueza de unos pocos.

Hoy, en el siglo XXI, parece que las bases del edificio que sostiene los privilegios que vienen de la propiedad privada como institución sagrada siguen intactos y tienen guardianes implacables. El aparato estatal y las leyes que mantienen a raya a las clases trabajadoras y desposeídas están intactas y no se da margen para cuestionarlas. Por eso, donde hay una necesidad nace la criminalización, esa que los gobiernos progresistas no están ni cerca de condenar o transformar. Parece que se administra la miseria y cuando no, se la reprime.

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