Por Marcelo Buitrago

Sin medidas de fondo, el proyecto obliga a ser “solidarios” de los trabajadores y trata de “emergencia” la situación de los empresarios. Consagran la devaluación salarial y eliminan la movilidad jubilatoria mientras condonan impuestos a empresarios.

Después de idas y vueltas, trascendidos y versiones, Fernández elevó hoy  martes,  el proyecto de Ley de “Solidaridad Social” al Parlamento, que todos los medios presentaban como de “triple emergencia” (económica, sanitaria y social). Se quedaron cortos: el artículo primero declara la emergencia económica, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Lo que hasta ayer  trascendió por los medios daba cuenta de medidas aisladas, muy pero muy tibias frente al descalabro que sufre el país. El proyecto de ley de 85 artículos sin dejar de esa tibieza, sin embargo lo podemos caracterizar mejor como una verdadera ensalada, y donde las “emergencias” están muy lejos de favorecer a los trabajadores.

Los puntos más salientes son:

Facultar al Ejecutivo a gestionar la sostenibilidad de la deuda pública, informando a la consabida Comisión Bicameral

La anunciada vuelta el dólar tarjeta, se transformó en un PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que gravara todos los consumos en dólares con las tarjetas y la compra de dólares para atesorar por cinco años. Presentado como un castigo a los viajes al exterior para “impulsar el turismo nacional” ahora ya se reconoce oficialmente como un intento de evitar cualquier gato en dólares. El que mire una película con Netflix, escuche música con Spotify o compre cualquier cosa va a ser solidario, mientras que las grandes empresas, que ya conocieron el “dólar cable” o el “dólar bolsa” con Cristina, seguirán consiguiendo dólares sin pagar.

Facultar al Ejecutivo a “renegociar la Revisión Tarifaria” por 180 días”,  “propendiendo a la reducción de la carga tarifaria” (el proyecto no habla de congelamiento, esas son las declaraciones) e intervenir los Entes Regulatorios por un año (ENRE y Energas, que son entidades autárquicas, creadas con las privatizaciones en 1993 y cuyas autoridades  tienen mandatos a cumplir)

Establece una moratoria impositiva amplísima para las pequeñas y medianas empresas, extinguiendo la acción penal (o sea perdonando los delitos tributarios y aduaneros), condonando multas y reduciendo los intereses adeudados, otorgando hasta de 120 cuotas, venciendo la primera en julio de 2020.

Facultar  reintegros “a los sectores más vulnerados”. Las declaraciones prometen reintegros  del IVA de $700 a los consumos de beneficiarios de AUH y Jubilados, pero eso queda en manos del Ejecutivo

SE suspenden las ejecuciones de la AFIP contra prestadores medico asistenciales, públicos o privados, suspendiendo por también 1 años la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos al programa Medico Obligatorio

Establecer una  “doble tasa adicional” a las medianas y grandes empresas que hagan retiro de dinero efectivo. Las declaraciones lo presentaron  como una manera de combatir la economía en negro y la corrupción. Así como esta enunciado esto es directamente ridículo: como si las grandes empresas no conocieran la triangulación en los paraísos fiscales a través de las sociedades de papel, enseñanza incorporada con la globalización.

Aumentar la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales, que es uno de los impuestos de menor recaudación(0,4%  de lo recaudado) No cabe esperar mucho en este rubro,  por más que se duplican las alícuotas del 0,25% al 0,50% y las  del 0,50% al 0,70%. Facultándose a duplicar las tasas para los Bienes en el exterior

Establece que se podrán fijar derechos de exportación hasta un 33% como máximo, prohibiéndose que supere el 33% para la soja, y el 15% para el maíz y el trigo. Como ya los aumentos se hicieron por decreto, este articulo entendemos busca respaldo político para negociar un futuro aumento

Hasta hora las medidas concretas han sido por decreto: la duplicación de las indemnizaciones en los despidos sin causa por seis meses, que dificulta los despidos pero no los prohíbe y al aumento de las retenciones a los campestres, reemplazando los $4 por un 12%, pasando la soja de 18%+$4 a un 30% (18%+12%)  o sea los valores que dispuso Macri para 2016 y 2017 y el trigo y maíz de $4 a 12% también un aumento del 5%.

SE suspende por 180 días la actualización de haberes jubilatorios, y el Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes. Además se faculta al Ejecutivo s disponer en forma obligatoria que los “empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”, eximiendo del pago de aportes y contribuciones a dichos aumentos.

Por fuera del proyecto hubo un acuerdo entre el Ministerio de Salud y los laboratorios de bajar un 8% los medicamentos hasta el 1 de febrero, que muestra la eficacia de los “aumentos precautorios” que siempre realiza la patronal ante la inestabilidad, para después resignar algún puntito. Los aumentos de medicamentos han sido escandalosos: según el Indec de diciembre de 2017 a diciembre de 2019 su precio se multiplico por 4, mientras el ni el general lo hizo por 2,7 y solo es superado por los aumentos de electricidad, gas y combustible. Además, el “descuento” alcanza al 65% del universo de los medicamentos y no incluye a aquellos que están dentro de convenios como el PAMI o el IOMA.

La palabra más usada del Proyecto es “facultar”. Todo proyecto de “emergencia” suena bien, pero en concreto se reduce a otorgar más facultades administrativas, presupuestarias y legales que las que normalmente pudiera tener el Presidente, y no necesitamos esperar los Decretos que instrumenten las “facultades otorgadas” para decir que el proyecto es una serie de parches (o parchecitos) superpuestos, no  el primer paso de un plan económico “consistente” como a ellos les gusta decir, que sigue brillando por su ausencia.

Por otro lado, y no menos importante, claramente la “emergencia” está orientada hacia las empresas, mientras que la “solidaridad” es para los trabajadores: nada le impide hoy a Fernández dar aumentos adicionales a los jubilados, y no necesita suspender las actualizaciones para ello. También es notable por omisión, la casi total ausencia de medidas a favor de los trabajadores. Y cuando hay alguna, como en los Créditos UVA, se limita a “estudiar mecanismo para mitigar sus efectos negativos”.  Serán los trabajadores, mientras hacen su experiencia con el gobierno de Fernández, los encargados en la calle, de luchar por sus derechos. En esas peleas pondremos todos nuestros esfuerzos.