• Fue el mismísimo presidente Alberto Fernández quien sinceró que su “proyecto” de desarrollo es de la mano de una actividad productiva tan nefasta como la megaminería contaminante.

Luz Licht

La alianza del gobierno nacional y los gobiernos provinciales con las megamineras quiere avanzar sobre nuevos territorios. ¿Por qué el debate está nuevamente en la agenda? Días atrás, en la reunión del gabinete federal en la ciudad de Chilecito, La Rioja, Alberto Fernández lanzó una frase que pocas dudas deja acerca de su alianza con las megamineras: “En Chilecito, se fundó la primera sucursal del Banco Nación, porque el Famatina traía la plata que hacía rica a la Argentina, y esa riqueza está acá, en el norte argentino” El botín es el cordón del Famatina, pero no es el único, van por más.

Esta actividad está prohibida en muchos lugares del mundo haberse comprobado sus irreversibles efectos debido al uso de sustancias altamente tóxicas como, por ejemplo, el cianuro. En Argentina, la megaminería desembarcó en los años ‘90 y sólo está permitida en siete provincias. Otras siete  hasta el momento prohibieron la actividad producto de la lucha y organización de los pueblos afectados.

Tal es el caso recordado de los pueblos de Famatina y Chilecito (La Rioja) que en 2004 batallaron contra empresas multinacionales de la talla de la Barrick Gold al grito de “El Famatina no se toca”. Con cortes de ruta, asambleas y un sinfín de actividades lograron frenar el proyecto que buscaba explotar oro en ese cordón montañoso. Fueron largos años de enfrentar la represión y defensa enconada del proyecto megaminero por parte del gobernador Luis Beder Herrera y del propio gobierno kirchnerista.

Pero, ¿cuáles eran los motivos de tamaño rechazo de las poblaciones ante este tipo de actividad? Algunos argumentos falsos de ayer siguen llenando la boca de funcionarios y gobiernos, algunas/os investigadores del Conicet decían en un informe:

“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso. Las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).”

La vida de millones se ve afectada por negocios que llenan las cuentas de empresas que pagan cánones irrisorios a un Estado garante de sus intereses. Todo está enmarcado en el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero”, presentado a fines del 2020. Alberto Fernández y su gobierno hablan de una “minería inclusiva y sostenible, que capte inversiones y genere divisas”. Así, nos venden peligrosamente esta actividad  como “parte de la solución al problema de los argentinos, en medio de una crisis muy profunda por la recesión de 2018-19, agravada por la pandemia”.

“En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera. Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia” decía Alberto Fernández ante la Asociación Empresaria Argentina el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumir su cargo. Por suerte, la lucha de los pueblos mendocino y chubutense alteró sus planes.

No paso mucho cuando el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7. 722 en diciembre de ese mismo año. Esta ley prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras a cielo abierto y es fundamental para proteger el agua. Marchas multitudinarias, el enfrentamiento a la represión fueron parte de ese triunfo contra políticos patronales y gobernantes que cerraron la grieta levantando la bandera de la megaminería.

La actualidad de esta pelea contra esta actividad sigue presente, por ejemplo, en la provincia de Chubut. Enero del 2021 arrancó con enormes movilizaciones contra el cínico planteo sobre la ampliación sustentable de la matriz productiva que “busca fomentar y proteger la producción y su diversificación como el turismo, las industrias madres, y las que transforman los recursos provinciales” y el Proyecto de Ley 128/20. Un verdadero ataque en regla se esconde no muy disimuladamente.

La iniciativa del Plan de Desarrollo Productivo incluye la intención de zonificación minera en los departamentos Gastre y Telsen que impulsa por el gobernador Mariano Arcioni para la extracción de oro y plata. En Chubut esta actividad está prohibida desde el año 2003 por la ley provincial 5.001. Este gobernador que en campaña dijo oponerse a la megaminería, no tardó mucho en utilizar la represión contra quienes se oponen a sus proyectos, habilitando el uso de pistolas Taser, avalando detenciones persecutorias y arbitrarias contra quienes llama “ecoterroristas”. La lucha y resistencia siguen en pie contra los planes de Arcioni y sus socios.

La defensa férrea de los intereses de las megamineras por parte del gobierno nacional parece difícil de ocultar. Más cuando le urge obtener dólares a corto plazo en pos de satisfacer las demandas de los organismos internacionales de crédito como el FMI, para pagar  la deuda usuraria que dejó el macrismo con el aval del propio peronismo y kirchnerismo.

El camino que propone el gobierno de Alberto Fernández en relación a la explotación de los recursos es el del saqueo y la destrucción con grandes consecuencias socioambientales. Un solo ejemplo lo podemos encontrar en las consecuencias de que se viertan miles de litros de sustancias contaminantes en el agua:

Argentina podría ver aumentada la crisis hídrica que ya sufren alrededor de 7 millones de personas que en el país no tienen acceso a una red de agua potable. Las industrias extractivas como las petroleras y mineras son responsables principales en acaparar millones de litros diarios. Sea por desviar los cursos de ríos o por verter sustancias toxicas, el acceso a lo que ya se denomina “oro azul” –el agua- es prioridad para las empresas que lucran con la devastación ambiental y la contaminación.

El camino para hacer frente a los intentos de la alianza entre megamineras y el gobierno nacional y los provinciales lo marcan las y los cientos de miles que se ponen de pie para rechazar el saqueo y la contaminación. Haciendo frente a la represión, con asambleas, lucha en las calles y organización, vienen batallando para demostrar que es puro verso eso de la megaminería sustentable y sus promesas de progreso y desarrollo.