Por Marcelo Yunes

Lo visto hasta ahora siembra muchos interrogantes en los analistas externos (…). Reconocen que la suspensión del ajuste de las jubilaciones ayuda a disminuir la indexación, pero destacan que el gobierno enfrenta un bajo nivel de tolerancia a medidas de ajuste fiscal debido a las crecientes demandas sociales y a la ola de disturbios sociales en América Latina. (…) Se reconoce que las iniciativas van en dirección de una mayor austeridad, pero la incertidumbre que rodea la trayectoria fiscal sigue siendo muy alta a los ojos de los extranjeros. (…) Desde afuera temen que las negociaciones [de la deuda] sean prolongadas y no descartan que se registre un incumplimiento de pago antes de llegar a un acuerdo

J. Herrera, Ámbito Financiero, 21-1-20

A poco más de un mes de la asunción de Alberto Fernández, hemos asistido al habitual desfile de comentarios superficiales desde el bando oficialista y desde la oposición de derecha (incluida buena parte de la prensa), los primeros poco menos que calificando al presidente de genial estadista y los últimos achacándole, según el caso, absoluta inoperancia o demasiados bríos. Pero, como se señala en el acápite, los acreedores externos parten de una mirada más sobria que reconoce que por ahora hay más gestos y declaraciones de intenciones que definiciones reales. No es de extrañar que los medios y periodistas afines al nuevo oficialismo dediquen buena parte de sus columnas y minutos de aire a las corruptelas, chanchullos y porquerías varias del macrismo que ahora salen a la luz. Es mucho más fácil eso que dar cuenta de los vaivenes y ejercicios de equilibrio que intenta el gobierno con todas las partes: los acreedores externos, los internos, los jubilados, los empresarios, los asalariados y la población en general. Veamos entonces hacia adónde apuntan esas primeras señales y cómo encara Fernández los principales frentes pendientes.

La canilla del dólar y la de los impuestos

Por orden de urgencia, el gobierno atacó primero la cuestión cambiaria, que amenazaba condicionar la inminente negociación con los acreedores. El cepo 2.0 vino con un límite draconiano de apenas 200 dólares mensuales, con objeto de frenar la sangría especulativa que podía vaciar de dólares al BCRA, a lo que luego se sumó el “impuesto solidario” del 30% a los consumos en el exterior (o en dólares). Los escribas oficialistas se dedicaron a convencer sobre todo a los sectores medios (el chiquitaje que compraba dólares o los gastaba en turismo) de la necesidad de colaborar con el gasto social. Por desgracia, no ponen el mismo empeño en señalar que las grandes empresas, por un lado, siguen recurriendo al dólar Bolsa (MEP) y otros mecanismos para hacerse de billetes verdes, y por el otro, se  benefician de una apertura parcial del cepo sólo para aquellas que se manejan en divisas: hace una semana, el BCRA decidió permitir a las empresas remesas de beneficios en dólares al exterior (El Cronista Comercial, 16-1-20).

Aquí veremos un patrón que será constante: para aquellos sectores masivos de la población a los que se puede contener política y/o ideológicamente, las restricciones son mucho más estrictas que para el empresariado y los acreedores. Con un agravante: el dólar para ahorro y turismo a 82 pesos no va a dejar de ejercer presión sobre los otros tipos de cambio (el oficial, el blue, el MEP…) y por esa vía sobre los precios.

Siguiendo el patrón antedicho, mientras el gobierno dejó claro desde el principio que el cepo y el dólar desdoblado llegaron para quedarse, no tardó ni veinte días en flexibilizar las condiciones de acceso (¡y salida!) de dólares para las grandes empresas. En el mismo sentido puede leerse el “aumento” de las retenciones al agro, que el propio presidente aclaró que se trataba de una mera actualización a los valores de septiembre de 2018. Es de nuevo el criterio de la “prudencia”, la “racionalidad” y el “consenso” cuando se trata de la clase capitalista. De ahí que cuando los campestres caraduras salieron a quejarse y a llorar miseria como hacen siempre, recibieron de parte del oficialismo escucha y comprensión. ¡A punto tal de casi salir a pedir disculpas por dejar en el mismo nivel que Macri ese impuesto misérrimo, que deja intactas las ganancias de los mayores privilegiados del país! De más está decir que no hubo ni remotamente tantas contemplaciones para modificar la fórmula de ajuste jubilatorio, como veremos más abajo.

En cuanto al aumento del mal llamado impuesto a la riqueza, ver para creer. Aunque en los papeles es un impuesto progresivo, en los hechos –gracias a los múltiples vericuetos legales que aprovechan los ricos y los perejiles desconocen– lo que sucede es que los multimillonarios pagan muchísimo menos de la alícuota que les corresponde, y a veces nada, mientras que sectores medios mucho menos pudientes pagan religiosamente. Que nos desmientan: ¿alguien se enteró de que los magnates argentinos abonados a la lista de la revista Forbes de los dueños de más de 1.000 millones de dólares de patrimonio pagan todos los años 10, 20 o 40 millones de dólares de impuesto a la riqueza? También en el plano impositivo la ley es tela de araña, que atrapa a los bichitos mientras los grandes pasan de largo. La política tributaria de Alberto va a honrar puntillosamente esta venerable tradición argentina.

Sigue el ajuste a los jubilados

Una de las primeras medidas del gobierno fue la “suspensión” (primero se sondeó uncongelamiento, pero rápidamente el albertismo advirtió que el horno no estaba para bollos) de la fórmula de actualización de jubilaciones. Hubo aquí una deliberada polarización, alentada por los medios de uno y otro bando: Cambiemos diciendo que era un ajuste encubierto y los albertistas replicando que los macristas no tenían la menor autoridad para sacar el tema. Por supuesto, ambos tenían razón.

La discusión con el oficialismo respecto de la supuesta “equidad” del cambio de fórmula (la nueva no se conoce) se liquida con una simple pregunta. A saber,¿para qué se cambia la fórmula de ajuste: para que el gasto total en jubilaciones suba o para que baje? Formular la pregunta es haberla respondido. Las sumas fijas lo que hacen es disfrazar este hecho con un adelanto por única vez y continuar el achatamiento de la pirámide de ingresos jubilatorios. Las consultoras y economistas cercanos al albertismo no ocultan que el saldo anual de ahorro fiscal que se calcula con esta jugada ronda el 1% del PBI, y representa el principal rubro que colaboraría con la reducción del déficit estatal.

¿Significa eso que la fórmula de Macri era buena? Para nada; significa que tanto Macri como Alberto recurrieron al mismo mecanismo: renunciar a ajustar por una fórmula dada exactamente en el momento en que se vuelve más beneficiosa para los jubilados y cambiarla por otra que los perjudica. Con una salvedad: Fernández todavía no definió nueva fórmula –en principio, sería actualización por la inflación a partir de 2020, esto es, salteando los porcentajes altos del segundo semestre de 2019–, con lo que se deja la puerta abierta para, si la cosa se pone espesa, mejorar un poco el ajuste pautado y decir que ése era el plan original…

Por otra parte, es sabido que el albertismo tenía en carpeta el “retoque” a la fórmula de actualización como prenda de negociación con el FMI desde antes de asumir. Así, Emanuel Álvarez Agis, economista de consulta permanente del presidente, proponía ya en noviembre “una especie de canje: una suba inicial de haberes (…) a cambio de desenganchar las jubilaciones de la inflación y atarlas a la recaudación, que probablemente siga subiendo menos que los precios” (A. Bercovich, BAE, 22-11-19). Aunque la salida de Agis era todavía más brutal–él proponía recibir los 10.000 millones pendientes del FMI, cosa que Guzmán, a la postre ministro de Economía, no veía conveniente–, la lógica es la misma: hay que mostrarle a los acreedores y al FMI que la “voluntad de pago” es, también,voluntad de ajuste. No salvaje, claro; no insostenible políticamente: mediado, moderado, negociado, “albertista”. Pero ajuste al fin.

Paritarias à la CGT (a la baja)

Aunque nunca lo dicen en voz alta –en voz baja sí, y por diversas vías–, desde el oficialismo saben que una de las condiciones para intentar domar la inflación y a la vez recuperar las arcas fiscales es limitar los aumentos salariales. Se trata de una cornisa muy fina: si se da rienda suelta a la voluntad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante el macrismo con acuerdos paritarios “generosos”, se estará dando una señal de aceleración de precios. Pero tampoco se puede machacar con tanto deterioro salarial, no sólo por razones políticas sino económicas: por ahora, el único motor del crecimiento económico que pretende Fernández es el consumo interno (de inversiones, por ahora, ni noticias, sean de adentro o de afuera). Y eso no va a suceder sólo con las tarjetas alimentarias y los bonos por única vez, de modo que para la propia lógica oficialista no debería continuar el retraso salarial.

Por las dudas, la CGT ya avisó que está dispuesta a bajar todas las banderas que sea necesario e imponer a los trabajadores todos los “sacrificios” del caso. ¡Hasta llegaron a deslizar que podían aceptar una postergación de las paritarias por seis meses! Tanto exceso de celoalbertista –que además nadie le había pedido– hizo que Moyano saliera a diferenciarse; no sea cosa que los burócratas se quemen de entrada y no quede ningún fusible.

Pero hay que decir que a Fernández le viene bárbaro tanta buena disposición para entregar a los trabajadores. De allí que mientras se permite gestos que en plata cuestan poco y nada –reponer la paritaria nacional docente, reincorporaciones como las de Télam y el Posadas–, apuntan a lo más esencial: reventar las cláusulas gatillo de los convenios, tal como pretendió en su momento el macrismo.

Si eso se concreta, la situación de los trabajadores se va a parecer demasiado a la de los jubilados: en pleno proceso inflacionario, sus ingresos quedarán desprotegidos y desprovistos de cualquier mecanismo “automático” de actualización, lo que significa que en los hechos estarán a merced de la voluntad y el decreto del Poder Ejecutivo.