En Costa Rica a las mujeres nos están matando. En lo que llevamos del año, hasta el 7 de setiembre, según el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia, han ocurrido 53 muertes violentas de mujeres, de los cuales solo se señalan 9 femicidios según la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (LPVCM) porque quedan excluidos los femicidios ampliados (establecidos por la Convención Belén Do Pará) que involucran un vínculo entre el imputado y la víctima que no es relación de pareja, puede ser excompañero, familiar, conocido, entre otros. Por lo que, posiblemente la cifra de femicidios es más alta. Estas mujeres murieron violentamente en manos de hombres que creyeron tener todo el control y poder sobre las vidas de ellas, acabando con su existencia, desde la posición como su pareja, expareja, parientes, conocidos o atacantes sexuales.

¿Por qué lo llamamos femicidio? Porque son muertes violentas por su condición de mujer, como la culminación de una serie de actos violentos, que ante la invisibilización y normalización de la violencia hacia las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida se han incrementado y agudizado, legitimando el poder de poseerlas, de penetrarlas, de hacerlas de su propiedad.

Por su parte, el gobierno del PAC, al igual que el INAMU con Patricia Mora de presidenta, ha carecido de acciones concretas para detener la violencia en contra de las mujeres y garantizar sus derechos. Tampoco logran evitar violaciones ni castigar con penas de cárcel contundentes a violadores ni asesinos. Ante esta situación, históricamente, el movimiento feminista ha demostrado que el método efectivo para luchar en contra de la violencia patriarcal ha sido tomando las calles, tal como recientemente se reactivó ante la ola de femicidios e impunidad. Con un movimiento feminista organizado y movilizado se puede pararles la mano a agresores, violadores y femicidas, exigir y garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

Debemos exigir una declaratoria inmediata de emergencia nacional para que el gobierno tome medidas preventivas y así evitar más femicidios. Igualmente, se debe fortalecer el INAMU, como institución clave para la eliminación de la violencia machista y patriarcal. Además, el movimiento de mujeres debe estar vigilante ante cualquier caso donde pueda haber impunidad. Es necesario exigir cárcel efectiva para violentos, violadores y femicidas, así mismo, destitución de jueces y funcionarios cómplices.

Las Rojas impulsamos una Coordinadora Feminista contra femicidios y contra la impunidad en la que participamos organizaciones, colectivas, activistas independientes y familiares de víctimas de femicidio para sumar esfuerzos y organizar acciones con miras a esta lucha.

¿Cuáles medidas proponemos Las Rojas y el NPS para atacar la violencia contra las mujeres?

A sabiendas de que los femicidios no se acaban de manera inmediata con una declaratoria de emergencia nacional, la propuesta central consiste en la organización de un movimiento de mujeres que luche en las calles por el derecho a vivir libres de violencia para parar a los agresores, violadores y femicidas, así como a los gobiernos que son cómplices de los femicidios por no tomar medidas. No obstante, las mujeres organizadas podemos ejercer presión para que el gobierno y el Estado tomen medidas preventivas para evitar los femicidios.

Por eso, exigimos:

El Gobierno emita un decreto ejecutivo de emergencia nacional ante la agudización de la violencia contra las mujeres, para así girar recursos y tomar medidas para prevenir los femicidios y todo tipo de violencia patriarcal.

El Gobierno tome las siguientes medidas para prevenir y atacar la violencia patriarcal:

1) La creación y fortalecimiento de albergues en cada provincia para que las mujeres víctimas de violencia tengan el derecho de estar lejos de su agresor, siendo atendidas por el Estado.

2) Atención directa y protección a las víctimas, eliminación de trabas al presentar una denuncia, así como la revictimización al contar el motivo de denuncia a diferentes personas funcionarias públicos, también capacitación en violencia de género al personal encargado de levantar y recibir las denuncias.

3) Opciones reales de trabajo digno para su inserción laboral e independencia económica, que las mujeres víctimas de violencia de género tengan prioridad en el otorgamiento de bonos de vivienda.

4) Fortalecimiento del INAMU a través del otorgamiento de mayor presupuesto y campañas. Contratación de personal encargado de atención a las mujeres y ejecución de políticas dirigidas a la erradicación de la violencia patriarcal.

5) Medidas preventivas en el ámbito educativo a través de la incorporación de contenidos en los planes de estudio abordados en escuelas y colegios y un eje transversal de la educación para abordar la violencia contra las mujeres y niñas. También, capacitar al personal docente en el tema con sensibilidad de género para promover la prevención de la violencia.

6) Que se implementen protocolos para la debida investigación de los casos de femicidios, incluidos los femicidios ampliados y los perpetrados contra las mujeres trans, para que ningún caso quede sin investigar o sin el debido proceso. Que los femicidas sean debidamente castigados con las penas estipuladas por la ley incorporando la tipificación de femicidio ampliado para que la ley visibilice la violencia de género en todos los casos, tal como lo reconoce la Convención Belén Do Pará.

7) Que todas las instituciones que por mandato son garantes de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, generen, recopilen y publiquen los datos necesarios para la toma de decisiones eficientes dirigidas al cumplimiento de esos derechos, por parte de todos los sectores de la sociedad.

Súmate a Las Rojas para luchar contra los femicidios, la impunidad y por la Declaratoria de Emergencia Nacional.

¡Construyamos juntas la Coordinadora Feminista contra femicidios y la impunidad!

Contáctanos al 87295981

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