Heidy Valencia Espinoza, Militante de Las Rojas y vocera de Aborto Legal Costa Rica

 

El proyecto de ley “Derechos del niño y la niña por nacer” presentado por 29 diputados y diputadas conservadores fue dictaminado a favor por la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa a un día de la jornada nacional de lucha contra la violencia patriarcal.

El texto original es el proyecto de ley expediente N.º 21.239. Sin embargo, fue acogido un texto sustitutivo impulsado por la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional, quien hizo ajustes al texto, no obstante, el espíritu de la ley se mantiene, otorgar “derechos al niño y niña por nacer”, es decir, a un cigoto, embrión y feto por encima de los derechos de las mujeres y personas gestantes.

El texto sustitutivo pretende reconocer derechos desde el momento de la concepción, entre ellos: el derecho a la vida, la familia, la igualdad y el reconocimiento de la personalidad jurídica. También, pretende brindar una protección especial al producto en gestación, por parte de la familia, del Estado y la sociedad”; y una advertencia a todas las instituciones públicas o privadas, órganos legislativos, judiciales o administrativos para que consideren “el interés superior del niño o niña por nacer, y la integridad de su madre”. Además, indica que quedarían prohibidos “todos los procedimientos o técnicas que afecten o detengan su normal desarrollo y crecimiento, salvo que la mujer gestante se encuentre en riesgo de muerte.”

A pesar de que el proyecto tiene criterios negativos de gran peso por parte de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social o el Patronato Nacional de la Infancia (únicamente cuenta con criterios positivos de la Conferencia Episcopal, la Universidad Católica y la organización Enfoque a la Familia) fue dictaminado a favor porque refleja el interés de sectores conservadores y fundamentalistas religiosos para ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres bajo un criterio patriarcal en el que nos consideran a las mujeres incubadoras, con menos derechos que un organismo en gestación.

Este proyecto es presentado en un contexto en el que el movimiento de mujeres en la región y el país viene luchando para exigir el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. En Costa Rica la lucha de las mujeres logró en diciembre del año pasado la firma de la norma técnica tras mucha presión en las calles y ante la sistemática violación del derecho a la vida y a la salud de las mujeres de la que es responsable el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado con la postergación de la firma.

Cabe destacar que, a la fecha, aún no se cuenta con protocolo para poder garantizar el aborto impune (cuando corre riesgo la salud y vida de las mujeres), aunque tras la firma de la norma técnica debía estar listo en julio. Es decir, nuevamente -bajo la excusa de la pandemia- se postergan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Precisamente quieren otorgarles derechos al cigoto, embrión y feto para imposibilitar el aborto impune, el cual quedaría restringido únicamente a cuando haya riesgo de muerte, pero no cuando la salud de la mujer o persona gestante sea afectada por el embarazo. Asimismo, la Iglesia Católica y los sectores conservadores y fundamentalistas en la Asamblea Legislativa pretenden con esta iniciativa otorgarle derechos al producto del embarazo por encima de los derechos de las mujeres para obstaculizar aún más el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo justamente cuando la lucha por el derecho al aborto legal viene creciendo en el país, incluso recientemente se produjo un proyecto de ley construido desde el movimiento Aborto Legal Costa Rica.

El texto sustitutivo del proyecto contra los derechos de las mujeres pasará al plenario legislativo para la generación de mociones y eventualmente su discusión en primer y segundo debate. Frente esta arremetida es necesario que el movimiento de mujeres se organice y movilice para pararle la mano al conservadurismo. No podemos permitir el ataque a nuestra autonomía, por el contrario, debemos seguir en las calles para exigir el protocolo del aborto impune e instalar la campaña por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

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