El movimiento de mujeres ha llevado a cabo las mayores transformaciones en cuanto a actitudes y expectativas, sin embargo, estos cambios no han sido acompañados por innovaciones en las políticas públicas que reconozcan las desigualdades entre géneros. Estas continúan operando, la mayoría de veces de manera tradicional, sin contemplar los cambios que se han dado en la condición de las mujeres, en las familias y en el mercado de trabajo.

En la actualidad, la mayoría de gobiernos de occidente reconocen que las mujeres somos sujetos de derecho en la teoría, pero no en la práctica, de ahí que convenciones internacionales como la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) para que los gobiernos generen políticas públicas que procuren mayor igualdad. No obstante, los avances son lentos y es determinante la presión que genera la sociedad civil, las organizaciones sindicales, de mujeres y feministas.

Para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación es indispensable incorporar la lucha por la equidad de género, reafirmar el compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, que persisten en ámbitos sociales y laborales e incluye a todos los grupos profesionales.