En Latinoamérica, el Estado confesional es una herencia colonial, debido a la creencia en la necesidad de legitimación religiosa para amalgamar la identidad de la nación. Sin embargo, muchas de las burguesías nacionales constituyeron el proyecto Estado-Nación sin que este tuviese religión oficial. Caso contrario sucede en Costa Rica donde la Constitución Política establece en el artículo 75 que el Estado tiene por religión a la católica, en la actualidad el único Estado confesional en América Latina. 

Asimismo, el Estado costarricense ya fue parte de un concordato suscrito en 1852, el cual significó que se le asignaran los privilegios que obtiene hasta la fecha la iglesia católica. Además, el concordato posee carácter de tratado internacional e implicaría que la iglesia católica lejos de perder sus privilegios los podría reforzar y/o incrementar. De manera que, aunque el Estado se promulgase como laico, si un nuevo concordato garantiza la injerencia de la iglesia católica, éste seguiría favoreciendo sus intereses y privilegios. 

Así pues, la iglesia católica goza de la exoneración de impuestos territoriales y de libertad de intervenir en la educación pública, tal como lo ha hecho impidiendo durante mucho tiempo la educación sexual en escuelas y colegios públicos. Además, recibe jugosas transferencias de dinero por concepto de: financiamiento por medio del Presupuesto General de la República, financiamiento para mantenimiento de templos, financiamiento de centros de educación religiosos, donaciones de instituciones estatales, entre otros. En el plazo del 2014 al 2016 por dichos rubros la iglesia católica percibió aproximadamente 7.660 millones de colones, según el estudio “El costo del Estado confesional en Costa Rica: Implicaciones presupuestarias del financiamiento del Estado a la Iglesia Católica” de Priscilla Carballo Villagra.

La propuesta de laicidad del Estado no es solo política, de total relevancia, sino que también pone en discusión la posibilidad real de recortar presupuesto estatal que se le ha asignado a la iglesia católica, por eso es necesario conocer el costo presupuestario de un Estado confesional en la actualidad.

En el país se ha visto claramente que la moral católica, sus creencias y su ideología están en directa contradicción con los intereses de las mujeres y la población sexualmente diversa. Pues se han opuesto tajantemente a una educación sexual científica, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tales como, la fecundación in vitro o el aborto terapéutico. Además, la confesionalidad del Estado envalentona el conservadurismo de sectores anti-derechos evangélicos que compiten por el nivel de influencia en políticas públicas y desde sus curules legislan con base en sus creencias. 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos:

• Reforma del artículo 75 de la Constitución Política. Este artículo establece que la religión católica es la del Estado, que se elimine este enunciado para que diga que el Estado no profesa ninguna religión y es garante de la libertad de culto. Además, nos oponemos a la firma de un concordato con el Vaticano, que solo aseguraría la conservación de sus privilegios.
• Pago de impuestos. La jerarquía de la iglesia católica debe pagar los impuestos correspondientes a todas las propiedades que poseen. Asimismo, la programación de las misas o cualquier propaganda confesional debe ser su responsabilidad y no estar a cargo del financiamiento público.