Costa Rica es el octavo país con más violaciones

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  • Es necesaria una declaratoria de emergencia nacional contra los femicidios y la violencia patriarcal para destinar recursos suficientes a la atención de las víctimas, pero, principalmente, en la adopción de medidas preventivas.

Johan Madriz

Los sectores misóginos y antiderechos en el país siempre escudan sus posiciones bajo el argumento de que en Costa Rica no pasa: no hay violencia de género, no hay violaciones, no hay diferencias salariales, es decir, hay plena igualdad… Pero para las mujeres es evidente que esto no es así y, por el contrario, cada vez se exacerba más la violencia y aumentan los niveles de ensañamiento.

El “Rape Statistics by Country 2021” elaborado por World Population Review mide la cantidad de denuncias por violación realizadas a las autoridades correspondientes de cada país con respecto a cada cien mil habitantes y coloca a Costa Rica como el octavo país con la mayor cantidad de violaciones con respecto a su población, con una tasa de 36,70. Los primeros lugares por sobre el país los ocupan Botsuana (92,93), Australia (91,92), Lesoto (82,68), Sudáfrica (72,10), Bermudas (67,29), Suecia (63,54) y Surinam (45,21).

Fuente Rape Statistics by Country 2021 elaborado por World Population Review

El informe resalta las dificultades para la obtención de los datos debido a que una gran cantidad de victimas no denuncia las agresiones por diferentes motivos (incluyendo la idea de que no logrará justicia) y a que las legislaciones de los diferentes países son muy disimiles y en muchos casos la categorización de violación es muy condicionada.

La organización señala que aproximadamente el 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido acoso sexual alguna vez en su vida y de estas menos del 40% busca algún tipo de ayuda, mientras que solo el 10% acude a instancias policiales o judiciales. Esto muestra una generalizada desconfianza en los sistemas de justicia, lo que tiene sustento en el tratamiento desdeñoso de los casos y la sistematizada culpabilización hacia la víctima. A modo de ejemplo, en Estados Unidos el 97% de los violadores están en completa libertad. Solo el 9% son procesados para que finalmente solo el 3% sea condenado a prisión.

El caso de Costa Rica no es muy diferente, basta solo con examinar las denuncias relacionadas con violencia de genero. El Observatorio de Violencia de Genero del Poder Judicial, con datos del 2020 (los más recientes publicados), desglosa las denuncias categorizadas como delitos de la siguiente forma: 148 violaciones contra mujeres, 649 abusos sexuales contra mayores de edad y 23 tentativas, 3.126 abusos sexuales contra menores de edad e incapaces[1] y 46 tentativas, 26 actos sexuales remunerados con menores de edad, 5 agresiones sexuales, 8 conductas sexuales abusivas, 2.772 relaciones sexuales con menores de edad y 5 tentativas, 2 tentativas de relaciones sexuales remuneradas con menores de edad, 180 por seducción o encuentros con menores por medios electrónicos y 64 por seducción o encuentros con menores de edad.

Además, 50 acusaciones por proxenetismo, 8 por proxenetismo agravado, 30 por corrupción de menores agravada, 112 por corrupción de menores e incapaces, 13 por explotación de incapaces, 356 por explotación de personas adultas mayores, 4 por explotación sexual de mujeres, 84 por trata de personas y 2 por trata de personas según leyes especiales.

También registran 13 femicidios y 114 tentativas, 29 denuncias por acoso sexual, 1.857 por amenazas contra una mujer-violencia psicológica, 31 por exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, 6 por infracciones a la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, 297 por infracciones a la Ley Contra la Violencia Domestica y 7 por infracciones contra la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer.

Como se indicó previamente los casos que llegan a ser denunciados y judicializados son solo una parte de los que realmente ocurren, por lo que nos encontramos ante un problema de proporciones enormes y al que el gobierno no le ha brindado la atención suficiente. Por esto, desde Las Rojas y el Nuevo Partido Socialista se ha propuesto la necesidad de declarar una emergencia nacional contra los femicidios y la violencia patriarcal para destinar recursos suficientes a la atención de las víctimas, pero, principalmente, en la adopción de medidas preventivas.


[1] Corresponde a las categorías utilizadas por el Poder Judicial.

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