Aborto legal

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Según la Comisión Guttmacher-Lancet, el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, y ocurren independientemente del nivel de ingresos del país, de la región o del estatus legal del aborto, para muestra un botón, aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año en el mundo.

Se estima que en Costa Rica ocurren unos 27.000 abortos inducidos por año, con una tasa de aborto de 22,3 por cada mil mujeres entre los 15 y 49 años, según la investigación realizada por la Asociación Demográfica Costarricense en el 2007. Por estas razones, es necesario luchar por la legalización del aborto para que sea libre, gratuito y practicado con los mejores estándares y el acompañamiento médico requerido.

La carencia de acceso al aborto ha contribuido a una grave crisis de salud pública a nivel mundial. Por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, aproximadamente 5,4 millones de mujeres tuvieron un aborto en América Latina y el Caribe. Tres de cada cuatro abortos que ocurren en África y América Latina son inseguros y alrededor de 760.000 mujeres en la región son tratadas anualmente por complicaciones de abortos ilegales. Aproximadamente un 10% de las muertes maternas fueron por consecuencia del aborto. Un número significativo de muertes maternas en Latinoamérica se podrían haber prevenido con acceso universal a la planificación familiar.

Estas estadísticas se exacerbaron por la pandemia. Durante la pandemia de la Covid-19, a medida que la violencia patriarcal ha aumentado en la región, también aumentaron los embarazos no deseados. A finales del 2020 se estimaba que en el mundo la pandemia resultó en 2,2 millones de embarazos no deseados, más de 1 millón de abortos, 3.900 muertes maternas y 51.400 muertes infantiles. Incluso en países donde el aborto es legal, hubo una disminución en la cobertura de servicios médicos sexuales y reproductivos debido a la Covid-19 y las mujeres han encontrado obstáculos al tratar de acceder a anticonceptivos y al aborto. Por lo tanto, un mayor número de embarazos no deseados resultará en más abortos inseguros, resultando en más complicaciones médicas, muertes maternas, mujeres y personal de salud encarcelados.

América Latina es una región con algunas de las leyes sobre aborto más restrictivas en el mundo, también en Costa Rica se encuentra penalizado. Ante esta situación, el movimiento de mujeres en el último periodo desarrolla mayor organización y movilización para exigir en las calles el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

La decisión sobre tener hijos-hijas o no, cuándo, cuántos y cómo, debería ser una decisión de la mujer o persona gestante, corresponde a nuestra libertad para elegir un proyecto de vida. La falta de soberanía sobre nuestro cuerpo implica que mientras el aborto no sea despenalizado y también legalizado, las mujeres seguiremos siendo tratadas como cosas: cualquiera puede hablar por nosotras, cualquiera puede disponer, y seguiremos condenadas a ser ciudadanas de segunda. Es decir, por el hecho de ser mujeres, tenemos menos derechos.

El aborto legal constituye un derecho fundamental para las mujeres pobres y trabajadoras, quienes sufren en la clandestinidad procesos inseguros que pueden comprometer su salud y la vida misma. Además, muchas desconocen sobre educación sexual y acceso a anticonceptivos. Entonces, planteamos: ¡educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir! 

El Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las Rojas venimos desde hace años luchando por nuestro derecho a decidir y estamos junto al movimiento Aborto Legal desde el primer momento impulsando la lucha para ganar la mayoría social y obtener el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos:

  1. Aplicación oportuna del aborto terapéutico en el país. Implementación inmediata de la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo y así evitar riesgos en la salud física o psicológica de las mujeres. Las autoridades deben garantizar al equipo médico que pueda realizar la interrupción del embarazo. 
  2. Despenalización, aborto libre, legal, seguro y gratuito garantizado por la CCSS. Derogación de los artículos 118, 119, 120 y 122 del Código Penal que condenan a las mujeres a penas de cárcel en caso de interrumpir el embarazo. Debate, divulgación y apoyo para la lucha por la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del movimiento Aborto Legal Costa Rica. 

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