Articulo de opinion publicado en elmundo.cr

Heidy Valencia Espinoza

El pasado 8 de agosto (8A) aproximadamente 40 personas de organizaciones y activistas independientes que integran el movimiento Aborto Legal Costa Rica (ALCR) o que se identificaron con la convocatoria acudieron al plantón en Casa Presidencial para exigir el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

Desde hace tres años cada 8A vamos a luchar por nuestro derecho a decidir y señalar que el gobierno violenta nuestros derechos sexuales y reproductivos porque permite la ilegalidad del aborto. Esta fecha conmemorativa se remonta al 2018 cuando el movimiento de mujeres argentino tras años de luchas y movilizaciones multitudinarias logró la media sanción en el Congreso para que el aborto fuera ley, con la marea verde y el apoyo de las mujeres alrededor de todo el mundo, millones se movilizaron el 8A para exigir el aborto legal, incluida Costa Rica.

Una lección histórica del movimiento de mujeres es que nuestra propia capacidad de organización y de movilización es la vía para la obtención de derechos y conquistas sociales. Nuestro derecho democrático al aborto legal implica que las mujeres alcemos nuestras voces y peleemos contra un sistema, Estado y gobierno que pretende obligarnos a ser madres. Por eso insistimos en que ningún presidente, diputado, cura o pastor puede decidir por nosotras.

La acción realizada este 8A frente a Casa Presidencial con la consigna “Nuestra salud SÍ es prioridad” denunció que debido a la detención de servicios de salud a causa de la pandemia se generó mayor restricción en el acceso a anticonceptivos, lo que conduce a una gran cantidad de embarazos no deseados. De manera que con la crisis sanitaria y económica es aún más urgente el derecho al aborto para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes.

El movimiento Aborto Legal Costa Rica desde sus inicios se posicionó independiente del gobierno. Señalamos que Carlos Alvarado violentó nuestro derecho a la salud con la postergación durante muchos meses de la firma de la norma técnica para el aborto impune, asimismo que este gobierno (y todos los gobiernos de turno) utiliza los derechos de las mujeres como moneda de cambio. Cuando finalmente, en diciembre del año pasado firmó la norma técnica, hicimos señalamientos en aspectos que consideramos insuficientes, sin embargo, sostuvimos que de todas maneras este fue un logro del movimiento de mujeres producto de la presión que hicimos en las calles.

Rechazamos rotundamente ataques de anti-derechos, particularmente las declaraciones del diputado Dragos Donalescu donde afirma que “fue muy fácil, este grupo que llegó a hacer vandalismo en una calle pública, fue apadrinado por el gobierno, que vieron las intenciones de las abortistas, y más bien lo permitieron sin ninguna limitación, hasta un toldo les dejaron instalar”. Estas afirmaciones son totalmente erróneas, conservadoras, misóginas y anti-democráticas. Para información del diputado, no es fácil organizar una manifestación durante la pandemia, hicimos un gran esfuerzo de convocatoria y nuestros propios protocolos sanitarios para ejercer nuestro derecho democrático a la protesta, ante la que pareciera incitar a la represión.

Aclaramos que no se trata de un acto vandálico, sino de una acción política y una intervención artística para visibilizar que las medidas del gobierno violentan a sectores trabajadores y populares, particularmente a las mujeres y que no estamos dispuestas a darle tregua al gobierno ni al conservadurismo ni al fundamentalismo religioso porque la pandemia no puede ser excusa para violentar nuestros derechos y recargar la crisis sobre nosotras. Por eso, seguiremos luchando con la alegría y furia feminista que nos caracterizan para exigir ¡Aborto Legal YA

Pueden difamarnos, tachar con pintura las voces anónimas de incontables mujeres en el mundo, pero todas volveremos con fuerza y seguiremos en las calles hasta que el aborto sea ley.

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